Industria no pedirá investigaciones sobre el grupo minero de Victorino Alonso
El Ministerio de Industria no ordenará ningún tipo de investigación sobre presuntas irregularidades fiscales, tributarias y financieras puestas de manifiesto en un informe realizado por la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el empresario minero leonés Victorino Alonso y el holding de una treintena de sociedades que dirige, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, según señaló ayer a este periódico Alberto Lafuente, secretario general de la Energía.
El grupo de empresas de Victorino Alonso ostenta el control de más de un tercio del carbón nacional y recibe en ayudas implícitas en el precio del mineral y en subvenciones públicas alrededor de 25.000 millones de pesetas al año, al ser un sector intervenido y controlado por el Estado (véase EL PAÍS de ayer). Alonso, declarado insolvente en varios juzgados de León, contaba con un patrimonio exiguo hace cinco años, la Guardia Civil señala que no declara patrimonio desde entonces, que carece de domicilio conocido y hoy mantiene prácticamente el monopolio de la minería privada de carbón en nuestro país, con un movimiento económico en suministros de 40.000 millones.Lafuente afirmó que las subvenciones y ayudas públicas se otorgan a tenor de los planes de viabilidad y futuro de las empresas sin tener en consideración ni pronunciarse sobre los accionistas que las componen "ni sobre su moral". Lafuente matizó que Industria no es el organismo encargado de investigar el Caso de Alonso ni tiene nada que ver en él. Lafuente recuerda que en su día el Ministerio mostró su "disconformidad con el procedimiento seguido por Caja España" para adjudicar el paquete mayoritario de acciones de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) a Alonso, ya que no se estudiaron las ofertas de manera conjunta y no hubo un periodo de reflexión antes de tomar una decisión de "transcendencia".
Industria envió al fiscal general del Estado hace un año varias denuncias de una serie de empresarios mineros de León sobre actividades supuestamente irregulares de Alonso en relación con los suministros, compras y ventas. El fiscal general del Estado remitió las denuncias a la Fiscalía de León, y ahora éstas se encuentran en uno de los juzgados, unidas a las diligencias que se siguen por un presunto fraude en las entregas de carbón de Alonso a Unión Fenosa, según el fiscal jefe Félix Herrero.
Un comunicado oficial del grupo de empresas señalaba ayer que la inversión fundamental hecha por el grupo ha sido para capitalizar y modernizar la capacidad de producción. Acusa, asimismo, a Unión Fenosa cuya hostilidad hacia las empresas del grupo "es sobradamente conocida desde hace tiempo". Denuncia el acoso practicado hacia Carlenor a la que con "una política de descuentos, retenciones, sanciones y litigios, pone en dificultad su plan". El comunicado añade que el juez Ireneo García Brudos, que dejó el caso, tiene "fortísimos intereses familiares en la minería ligados a los anteriores gestores de MSP que llevaron esta sociedad a la quiebra con deudas superiores a los 30.000 millones de pesetas".
