Tímida ministra
El profesor Gary Becker, premiado con el Nobel de economía de 1992, nos recordó la semana pasada la importancia para el crecimiento económico de mejorar el capital humano de una sociedad a través de la enseñanza. En este punto falla señaladamente el gobierno del PP: no por falta de atención a la escuela pública, como dice la descabezada oposición socialista, sino por su inoperancia en la aplicación de su cacareado programa de calidad y libertad educativa.Para descanso del defensor del lector de EL PAN, confesaré que en materia de educación no soy eunuco indiferente, sino catedrático de Universidad. Miro con lupa todo lo que pueda. reducir mis privilegios coprporativos, mi tranquilidad profesional, mi autonomía pedagógica. Lo que voy a decir, pues, está coloreado por el cristal de mis intereses.
Hace poco oí el discurso de doña Esperanza Aguirre, la ministra de Educación y Cultura, en el Club Siglo XXI. Todo eran impecables sentimientos y buenas intenciones. Nada puedo objetar a su crítica de las doctrinas educativas de Rousseau, quien mientras escribía el Émile, esa biblia de la espontaneidad pedagógica, enviaba a sus seis hijos a la inclusa (aunque los eruditos creen ahora que en materia de hijos habidos, mentía Rousseau como un Tierno Galván cualquiera, pues un doloroso impedimento físico seguramente le cerraba el camino de la paternidad). Para la ministra era el filósofo ginebrino el símbolo de una pedagogía "en la que nada cuentan valores como el mérito individual, el esfuerzo o el afán de superación". También subrayó doña Esperanza que, lejos de disminuir, el presupuesto en educación había aumentado en el primer año de su mandato por encima de la inflación y aún del PIB. Prometió por fin que, durante el curso 1998-99, el ministerio destinaría a la educación pública durante los próximos cinco años 230.000 millones más que los ya previstos en los presupuestos generales.
Nada malo hay en todo eso, pero es evidente que no basta. El viejo programa de la educación no selectiva, universal, gratuita y laica de la izquierda anticlerical ha fracasado estrepitosamente en todos los países que lo han aplicado, pero no ha sido sustituido en España por otro basado en la libertad de enseñanza que reconoce la Constitución.
Me explico. La única forma de conseguir que las instituciones de enseñanza, tanto públicas como privadas, se esfuercen por ofrecer una educación de mejor calidad es que tengan que competir entre sí y que tanto padres como alumnos puedan elegir libremente el establecimiento preferido. Mientras las familias no tengan en la práctica otro remedio que acudir a las escuelas e institutos de la vecindad; mientras los candi datos a las universidades se vean atados al distrito universitario de su domicilio; mientras profesores y administradores se perpetúen en su puesto aunque falte a sus egresados la formación que exige la sociedad para emplearlos; en resumen, mientras el sistema no se ponga plenamente al servicio de los consumidores, no tendrán los españoles la formación que necesitan para competir en un mundo abierto.
Una manera hay de combinar la subvención pública de la enseñanza con la libertad de elección y por tanto con la calidad pedagógica: el bono escolar. Las familias con fortuna, especialmente si se trata de las de antiguos ministros socialistas, tienen la libertad de elegir que les presta su patrimonio: pueden enviar a sus hijos a un colegio bilingüe, y luego a una universidad extranjera. Pero los más pobres no pueden ejercer su libertad si la subvención pública no se les entrega a ellos en forma de un bono que puedan gastar en el establecimiento que prefieran, público o privado. Ya verían cómo se fijaban los directores y enseñantes de los establecimientos preteridos para mejorar su oferta. Las organizaciones de maestros, profesores y catedráticos mantiene que la subvención pública tiene que entregarse a las instituciones y no a las familias. La señora ministra tiene demasiado miedo de quienes quieren defender su comodidad frente a la posible competencia y la soberanía del consumidor.
