Maastricht, diez años después
El documento impulsó la mayor reforma de las instituciones europeas jamás acometida
Han pasado ya diez años desde que el 7 de febrero de 1992, los 12 países miembros de la Comunidad Europea firmaron el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, nombre de la ciudad holandesa donde se firmó. Este acuerdo supuso el establecimiento de la Unión Europea (UE). Aprobado el 11 de diciembre de 1991 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países comunitarios y ratificado por sus ministros de Exteriores y de Economía y Finanzas dos meses más tarde, el Tratado de Maastricht entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
En estos diez años, el panorama europeo ha cambiado sustancialmente: la Unión Europea se ha ampliado, y en 1995 se constituía "la Europa de los Quince". Con el Tratado de Maastricht se ha dado un paso cualitativamente importante hacia la estructura de un 'Estado europeo' tal y como hoy lo conocemos. No sólo se ha establecido un ámbito económico y político único, si no que también se han creado una moneda y una autoridad monetaria comunes (el euro y el BCE, respectivamente).
El texto del Tratado, compuesto de 313 páginas y escrito en 10 lenguas diferentes, impulsa la mayor reforma de las instituciones europeas jamás acometida, afectando con ello la vida cotidiana de 340 millones de europeos.
El Tratado de Maastricht supone la transferencia de dos elementos importantes de la soberanía de los estados, al imponer la creación de la moneda única y otorgar a sus habitantes la condición de ciudadanos europeos. Sin embargo, no todo han sido alabanzas desde una óptica europeísta. Algunas voces críticas afirman que las reformas "se han quedado cojas" en el terreno de lo social.
Los primeros cambios tras la entrada en vigor del Tratado se dejaron sentir en el ámbito económico. El objetivo primordial era conseguir la plena liberalización de la circulación de capitales. Entre 1994 y 1999, los firmantes del Tratado deberían coordinar sus políticas económicas para conseguir los denominados criterios de convergencia: reducción de la inflación, de los tipos de interés y de las fluctuaciones del cambio entre las monedas europeas, así como control del déficit y la deuda pública. A partir del 1 de enero de 1999 se produjo la puesta en marcha de la moneda única (el euro) y establecimiento de un Banco Central Europeo (BCE).
El esfuerzo de los estados miembros en esa dirección dieron sus frutos y, en 1999, adoptaron el euro como moneda España, Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, Irlanda y Finlandia. Posteriormente, en 2001, Grecia también cumplió los criterios de adhesión e incorporó como moneda el euro. Así, tan sólo el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, quedaban fuera de la eurozona.
Los cambios en la política de defensa y la seguridad común ha supuesto la creación de un instrumento militar de la Comunidad europea, la Unión Europeo Occidental (UEO), aunque se han respetado las obligaciones contraídas por los países miembros integrantes de la OTAN.
Desde el punto de vista político-social, se descartó la idea de la creación de un único Estado, pero se establecieron áreas de actuación comunes en el ámbito de los derechos políticos y sociales europeos, así como en temas policiales y judiciales. En este último punto hay que inscribir el nacimiento de la Europol o policía europea.
El Tratado de Maastricht también consagraba el objetivo de la cohesión económico-social de las diversas regiones y países comunitarios como uno de los objetivos de la Unión. Para conseguirlo, se reguló el denominado Fondo de Cohesión como una transferencia de recursos financieros de los países prósperos a los menos favorecidos. Además, todos los estados, excepto el Reino Unido, se comprometieron a desarrollar la Carta Social, aprobada en 1989 como un instrumento político que contenía "obligaciones morales" destinadas a garantizar el respeto de determinados derechos sociales.
La firma del Tratado también supuso cambios institucionales: La creación de un nuevo Parlamento europeo con mayores poderes, el Consejo de Ministros pasó a denominarse Consejo de la Unión Europea, y el sometimiento de la Comisión de las Comunidades Europeas al voto de investidura de los eurodiputados. El Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Comité Económico y Social también han reforzado sus competencias.
El Tratado de Maastricht aportaría otra novedad: la creación obligatoria de un organismo consultivo llamado Comité de las Regiones que representaba los intereses regionales. A España le correspondían 21 representantes, uno por cada comunidad autónoma y otros cuatro en representación de los municipios.
Uno de los cambios más palpables en la vida cotidiana, además de las monedas, ha sido la ciudadanía europea, de manera que un ciudadano europeo puede votar o ser elegido en las elecciones locales y europeas en cualquier país de la Unión, así como disfrutar de libertad de circulación en los países comunitarios pudiendo trabajar en cualquiera de ellos sin necesidad de un permiso especial.
Para reforzar el Tratado de Maastricht, a principios de 1996, se inició una Conferencia Intergubernamental con la misión de elaborar un nuevo tratado: el Tratado de Ámsterdam de 1997. A este le ha seguido otro más, ya que, el 26 de febrero del 2001, los líderes europeos, reunidos en la capital de la Costa Azul francesa, procedieron a la firma del Tratado de Niza.
