'Mobbing', un perverso efecto colateral

Más casos. En más barrios de más ciudades. También en municipios medianos. Y con perfiles de acosados cada vez más variados. El mobbing o asedio inmobiliario se extiende. El acoso a inquilinos por parte de propietarios o administradores para que abandonen sus pisos de renta antigua y sacarles mayor rendimiento se revela como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana en España. Barrios con parques de vivienda y población envejecidos adquieren de la noche a la mañana -y a menudo gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos. Los expertos reclaman que las administraciones tomen medidas preventivas para que el mobbing no se llegue a producir.

Mientras, el fenómeno se da en las corralas de Madrid; en los barrios antiguos de Barcelona; en palacios y patios de Triana y el casco viejo de Sevilla; en los barrios también históricos de Granada o Cádiz, en El Cabanyal de Valencia, en El Postigo de Oviedo... Lo han documentado en el Observatorio del Mobbing de Barcelona, un grupo de estudio vinculado al Instituto Catalán de Antropología, que considera esta práctica una forma de violencia como el acoso escolar o el laboral. En España quedan 300.000 rentas antiguas, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los inquilinos son el grueso de las víctimas potenciales, pero también comienza a haber dueños que molestan y que están siendo acosados.

"No hay datos oficiales de afectados, porque la mayoría de los casos están ocultos. Los que conocemos son la punta del iceberg", explica Nydia Tremoleda, coordinadora del Observatorio. "Pero el esquema se repite", subraya: "El mobbing está vinculado a operaciones de transformación urbana que conllevan expectativas de mejora y las víctimas son los vecinos que han dado vida a estos barrios". Tras estudiar decenas de casos, Temoleda denuncia que "se ha llegado a una profesionalización del acoso. Los promotores compran edificios donde hay inquilinos o incluso propietarios a sabiendas de que acabarán haciendo mobbing para echarles".

"Primero", enumera, "los dueños aplican mecanismos legales como rescindir los contratos de menos de cinco años; luego intentan echar a los inquilinos con contratos indefinidos con todo tipo de artimañas; llegan a contratar detectives para que controlen si pasan noches fuera, si tienen segundas residencias... auténticas intrusiones en la vida privada". "Y si todo esto no funciona", remacha, "comienzan con los clásicos del mobbing: no cobrar el alquiler, no reparar goteras, dejar que la escalera se caiga a trozos, cortar los suministros, apuntalar, comenzar obras eternas...".

Estudios previos

Los expertos del Observatorio reivindican que "cualquier administración que vaya a intervenir en un tejido urbano incorpore en el proyecto un estudio sobre el impacto que las mejoras tendrán sobre los vecinos, igual que cuando se proyecta una infraestructura se analiza su impacto ambiental". De momento -y exceptuando el convenio piloto entre el Ministerio de Vivienda y 10 ayuntamientos para atender a los afectados- cada ciudad afronta el mobbing por su cuenta. Mientras unos ayuntamientos esquivan el fenómeno, otros ponen en marcha iniciativas bienintencionadas pero cuestionadas por los afectados, y otros han atajado el problema sin oficina antimobbing pero con el papeleo urbanístico como arma.

En Madrid no existe ninguna oficina que atienda a los afectados. Y eso que el20%de las viviendas en alquiler son de renta antigua y susceptibles de sufrir acoso, señalan en el Colegio de Administradores de Fincas. En la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, asociación sin ánimo de lucro, sólo el abogado Fernando Veiga tramita 150 casos en la región. El Ayuntamiento argumenta que carece de competencias en "un tema entre particulares", y que "la oficina de vivienda deriva a los afectados a otros cauces".

En Barcelona, hace tres años se creó un servicio que atiende a las víctimas, ubicado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su vinculación al área de consumo y no a la de urbanismo o vivienda es criticada desde múltiples frentes, comenzando por los afectados o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su presidenta, Eva Fernández, reclama que el asedio se trate "de forma transversal" entre áreas como los servicios técnicos de los distritos, los servicios sociales, vivienda o urbanismo.

En 2007, la oficina detectó el doble de casos de "posible mobbing" (202) que en 2006 (101). Y los datos muestran cómo el fenómeno afecta cada vez más a los barrios. Pese a ello, el director de Comercio y Consumo, Albert González, afirma que "no aumenta".

Declaraciones de ruina

Otros consistorios, como los de Cádiz o Granada, se valen de los instrumentos del área de Urbanismo para tratar de impedir el fenómeno, que en Andalucía se conoce como asustaviejas. La delegada de urbanismo de Granada, Isabel Nieto, se alarmó al observar cómo por sus manos pasaban expedientes de solicitud de ruina de edificios de la zona que enlaza el casco viejo con el Albaicín, cuyos propietarios habían sido requeridos reiteradamente por el Ayuntamiento por falta de mantenimiento. "Si hubieramos declarado ruinas nos habríamos hecho cómplices de estas situaciones", señala.

¿Qué hicieron? "Valernos de los mecanismos que prevé la Ley: declarar el incumplimiento del deber de conservación e iniciar expedientes de venta forzosa". O el propietario arreglaba la finca o se sacaba a subasta. Por ahora han sido "cinco o seis" ocasiones, y los inquilinos han conservado sus derechos. "Las ventas forzosas han dado ejemplo y otros tantos propietarios han acometido obras que llevaban años sin hacer", dice Nieto.

La actitud del Ayuntamiento de Cádiz es parecida. A partir de las medidas emprendidas en 2006, cuando se creó un Servicio de Atención al Inquilino, "se han abierto 150 expedientes de expropiación de fincas cuyos propietarios hacían dejadez de la obligación de conservación", y "no se ha declarado ningún expediente de ruina", explican fuentes municipales. El Ayuntamiento se niega para no dar facilidades al dueño que busque la especulación inmobiliaria", señalan.

En Sevilla, la lucha contra el mobbing la inició la Liga de Inquilinos, un colectivo que con su nombre rinde homenaje a otra asociación que en 1912 consiguió detener una subida del precio de los alquileres. Su vicepresidente, Miguel Macías, explica que "el mobbing sigue existiendo, pero se ha logrado parar el desalojo masivo e impune que se produjo después de la Expo, con el salto que pegó la ciudad". Macías, cuyo colectivo ha conseguido parar el acoso en una casa palacio del siglo XVIII de la zona de Pumarejo, aplaude la creación de la oficina municipal de Atención al Inquilino en Situación de Abuso, pero recuerda que la lucha comenzó "desde abajo".

"El Ayuntamiento se ha puesto las pilas y en el centro de Sevilla veremos cada vez menos casos, porque cada vez hay menos casas libres. Por contra, atendemos a afectados más y más jóvenes y asistimos a la extensión del fenómeno a pueblos como los de la Ruta de la Plata, plagados de ventas y edificios históricos", explican.