Nicaragua anuncia un juicio de arbitraje contra Unión Fenosa por los apagones

Nicaragua vive en la actualidad una crisis energética sin precedentes, ni siquiera comparada con la sufrida durante la guerra civil (1979-1990). Los apagones a causa de los cortes de electricidad impuestos por la empresa española Unión Fenosa llegaron esta semana a prolongarse hasta 18 horas en algunas zonas del país. Según confirmaron ayer fuentes oficiales, la distribuidora española ha sido llamada a un proceso de arbitraje por el Estado de Nicaragua para revisar la concesión otorgada en 2001, en medio de cada vez más fuertes protestas ciudadanas.

Los apagones que sufren a diario unos 600.000 usuarios del servicio eléctrico disminuirán al pasar de un promedio de 12 horas a tres o cuatro,informó Unión Fenosa. El gerente de comunicaciones de la empresa española, Jorge Katín, dijo ayer al Canal 63 de la televisión local que los cortes de energía van a disminuir debido a una reducción en el déficit de generación de energía.

Agregó que el déficit, que en los últimos días alcanzó 140 megavatios hora —un tercio de la demanda energética nacional— se redujo a 30 megavatios/hora. La fuente afirmó que el déficit disminuyó por la compra de 28 megavatios/hora a Guatemala, contratación gestionada "al más alto nivel", y por el incremento en la producción de energía térmica e hidroeléctrica por las generadores de este país.

Apagones generalizados

Los apagones energéticos han sido una constante a lo largo de este año, y han oscilado entre seis y 18 horas al día en diversas zonas de Nicaragua, incluyendo Managua. Unión Fenosa se justifica con que son las generadoras térmicas —que funcionan a base de petróleo y una hidroeléctrica parada por la sequía— las que han colapsado y afectado la distribución.

No obstante, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), según su gerente ejecutiva, Mariela Cerrato, dijo tener pruebas suficientes para llevar a Unión Fenosa a un juicio arbitral por incumplimiento de contratos que conllevaría "a la intervención, cancelación de la concesión o, si ellos quieren retirarse, que nos entreguen la distribuidora que sería lo más barato para el pueblo de Nicaragua", advirtió la funcionaria y recalcó que la empresa es incompetente, no ha invertido lo suficiente y no tiene contratada la energía que distribuye, tal como lo establece el contrato.

Lo cierto es que el descontento ha crecido: el miércoles un grupo de ciudadanos tomó por la fuerza las instalaciones del INE, durante más de una hora. Más de 150 alcaldes municipales anunciaron marchas de protesta por todo el país y los empresarios del turismo y del comercio preparan demandas judiciales contra la compañía española, entre otras acciones de protesta.