La OCDE pide reformas más radicales de las pensiones y el mercado laboral
El organismo reclama alargar más la edad de jubilación y abaratar el despido
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplaude la reforma laboral aprobada este año en España y las propuestas para reformar las pensiones. En ambos casos, sin embargo, las ve demasiado tímidas y pide cambios más contundentes. En pensiones, por ejemplo, reclama que una vez se extienda la edad de jubilación a 67 años, esta se referencie a la esperanza de vida, de modo que vaya aumentando de forma automática. En cuanto al mercado laboral, la OCDE aboga por el contrato único y por abaratar el despido.
Retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años como planea el Gobierno es una "alta prioridad", según el informe anual que la OCDE dedica a España, presentado ayer en París. Pero no es suficiente. El organismo propone que una vez se fije esa edad, luego se extienda automáticamente en función de la esperanza de vida. Además, mientras los partidos han propuesto en la comisión del Pacto de Toledo alargar el periodo de cómputo de la pensión (que ahora se calcula con las cotizaciones de los últimos 15 años) y el Gobierno estudia ampliar ese plazo a 20 o 25 años, la OCDE propone que se tome en cuenta toda la vida laboral. Eso supone en la mayoría de los casos una pensión menor. El organismo que dirige Ángel Gurría también propone que se amplíe el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa de modo que no sea de "solo 35 años" como ahora, dice el informe.
El informe aconseja que la pensión se calcule con toda la vida laboral
La OCDE está a favor del contrato único para fijos y temporales
La OCDE también recomienda otras duras medidas para retrasar la edad de jubilación efectiva. Para que los trabajadores mayores permanezcan activos, sus analistas proponen reducir la duración e ir eliminando progresivamente los subsidios que se pagan a los parados de mayor edad una vez han agotado la prestación contributiva. Otras recetas son aumentar las primas para quienes siguen trabajando más allá de la edad legal de jubilación y eliminar la jubilación parcial.
Con el fin de reducir el gasto en pensiones, la OCDE también pide endurecer el régimen de las pensiones de viudedad. La última receta del organismo es ir suprimiendo los regímenes excepcionales (autónomos, pesca, agricultura, minería, clases pasivas) e ir integrándolos en el general. La tesis de la OCDE es que hay que "reducir la generosidad de las prestaciones en relación con las contribuciones".
El club de los países desarrollados también cree que se queda corta la reforma laboral y que deberían ser más evidentes las facilidades para un despido más barato por causas económicas. A la OCDE le preocupa la interpretación que los jueces den a las nuevas normas. Si acaba siendo restrictiva, harían falta medidas adicionales. Pero no solo eso: "Sería deseable reducir incluso más los costes de despido de los nuevos contratos fijos", dice el informe. La OCDE se apunta al contrato único, en el que convergen los empleos temporales e indefinidos con una indemnización por despido muy baja al principio que va creciendo con la antigüedad.
Otra de las medidas "deseables" en opinión de la OCDE sería eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, que los convenios mantengan los derechos reconocidos en ellos una vez pase su periodo de vigencia teórica. El organismo admite que eso podría chocar con la Constitución, pero insiste en todo caso en dar pasos para flexibilizar la negociación colectiva y generalizar las cláusulas de descuelgue de los convenios sectoriales o territoriales.
El organismo está también en contra de las cláusulas de salvaguarda salarial frente a la inflación de los convenios. Otra de sus propuestas es endurecer las prestaciones por desempleo, con mayores exigencias de búsqueda de empleo y un posible acortamiento de los plazos de prestación.
España acelera en el proceso de liberalización
"Durante la pasada década, España ha acometido un relativamente profundo, amplio y sostenido proceso de reforma que ha abierto muchos mercados a las fuerzas de la competencia más que en otros países de la OCDE". La liberalización de los mercados, uno de los mensajes recurrentes del organismo, alcanza en el informe anual sobre España algunas de sus palabras más elogiosas. Aun así, la OCDE cree que se pueden dar pasos adicionales para mejorar la competitividad.
España ha pasado a tener unos mercados más liberalizados que la media de los países ricos, según el informe. Mientras que en 1998 los mercados españoles estaban entre los menos liberalizados y en 2003 aún seguían por detrás de la media, en 2008 España ocupaba ya una posición destacada en todos los parámetros: hay menos control estatal sobre la actividad empresarial, menos barreras a las empresas y se han reducido las trabas al comercio y la inversión.
Pese a reconocer enormes avances, la institución pone tareas pendientes: critica las trabas autonómicas a la apertura de grandes superficies, reclama la liberalización de horarios comerciales y pide avances en la liberalización de servicios profesionales, en los postales y en el transporte por tren y carretera.
Al medir la competitividad, sin embargo, las conclusiones son algo paradójicas. La OCDE subraya cómo España es uno de los países con mayor inflación y mayor aumento de los costes laborales unitarios y de los precios de producción: todo ello va en contra de la competitividad. Pero al pasar la prueba de fuego del mercado, las conclusiones son distintas: España no sale mal parada en la evolución de la cuota de exportación, y se sitúa por delante de Italia, Francia y Reino Unido e incluso de EE UU en la última década. España solo aparece por detrás de Alemania y Corea del Sur, los campeones en esta materia
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