Un Pacto de Competitividad, ¿por qué resistirse?
En su reciente cumbre, el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno ha decidido estudiar la propuesta de la canciller Ángela Merkel, apoyada a grandes rasgos por Nicolas Sarkozy, de diseñar para la zona euro un Pacto de Competitividad, dentro del que se aplicarían las políticas económicas nacionales oportunas para lograr un potencial de crecimiento y de empleo sostenible en los países miembros. Otros países de la UE, si lo desean, podrían adherirse al pacto. Los detalles de un acuerdo definitivo quedan por concretar, lo que previsiblemente sucederá en marzo.
En el foco están las reformas estructurales pendientes. Se refieren, entre otras, al endeudamiento estatal, la financiación de la Seguridad Social, el sistema educativo, el modelo de investigación científica y desarrollo tecnológico, y el funcionamiento del mercado de trabajo. En estas áreas, las distorsiones que existan generan costes innecesarios en la economía, además de reducir la eficiencia en la asignación de los recursos, con consecuencias negativas para el crecimiento y el empleo. Ponerle remedio debe ser una prioridad absoluta para todo gobierno sensato.
Sin embargo, el llamado plan Merkel ha levantado bastantes reticencias entre los líderes europeos. El grupo de los países escépticos incluye a Austria, Bélgica, España, Irlanda y Luxemburgo y, fuera de la zona euro, a Reino Unido y Polonia. Parece ser que no todos quieren que sus economías sean competitivas. O que no lo sean tanto las demás de su entorno. ¡Curiosa postura! Porque bien mirado, el plan Merkel actualiza una larga historia de proyectos institucionales, aprobados en diversas cumbres europeas por unanimidad desde finales de los años noventa, con el objetivo de convertir el mercado común en uno de las áreas más competitivas y dinámicas del mundo. Las previsiones, hasta ahora, no se han cumplido. Pero no por eso el reto de la competitividad ha perdido su urgencia en un mundo de actividad económica globalizada.
En Alemania, las reformas estructurales emprendidas durante los últimos siete años han contribuido a la robustez actual de la competitividad internacional de la economía. En España, las reformas no han hecho más que empezar, pero si se profundiza en ellas las perspectivas económicas a medio plazo podrían mejorar.
Un factor clave de la competitividad internacional es el coste laboral. Hemos visto que desde la introducción del euro la evolución de los costes laborales unitarios se ha ido diferenciando notablemente entre los países miembros. En el período 1999-2009, estos costes aumentaron en la economía alemana con una tasa media del 0,7% al año, en Francia 2%, en España 3%. Para el conjunto de la zona euro, el incremento anual fue del 1,9%. Como en la unión monetaria ya no existe el tipo de cambio como mecanismo de ajuste, las divergencias de costes laborales generan en las balanzas de pagos por cuenta corriente un superávit en los países con bajos incrementos de los costes y un déficit en los países en los que los aumentos han sido comparativamente mayores. No conduce a nada señalar con el dedo a Alemania, como si fuera el villano de los desequilibrios. Es mejor analizar las tendencias de los dos componentes de los costes unitarios laborales -los salarios y la productividad del factor trabajo- y corregir los desperfectos encontrados. En España, respecto a Alemania, los salarios han subido demasiado y la productividad laboral ha acumulado con los años un importante retraso. La consecuencia es que el euro para las empresas españolas se ha apreciado en términos reales, mientras para las empresas alemanas se ha devaluado.
Para elevar de forma duradera la productividad, es necesaria una intensa inversión en el aprendizaje y la formación profesional de la fuerza laboral. Es inexorable la innovación en procesos de producción y de prestación de servicios. Métodos modernos de gestión en las empresas y las administraciones públicas también repercuten positivamente en la productividad. Los efectos apetecidos no se consiguen con rapidez, pero a medio plazo son seguros, como en diversos países lo demuestra la experiencia.
Para que la evolución de los salarios sea compatible con la competitividad de la economía ha de guardarse la vinculación con la productividad laboral, como bien propugna el plan Merkel. En economías con un paro laboral elevado, como la española, la productividad aparente es superior a la real, lo que reduce el margen disponible para subidas salariales económicamente sostenibles. La estructura de los salarios debe reflejar adecuadamente las diferencias de la productividad entre las regiones y los sectores y entre las cualificaciones profesionales, como las hay en todas las economías. Un convenio colectivo a nivel nacional es todo menos favorable a efectos de competitividad.
En ningún caso es recomendable que se mantenga una indexación automática de los salarios respecto a la inflación, ya sea directamente, como en Bélgica o Luxemburgo, ya sea indirectamente como en España mediante las cláusulas de salvaguarda, incluidas en la gran mayoría de los convenios colectivos. A juzgar por la evidencia empírica disponible, la indexación salarial debilita la posición competitiva de las empresas, en vez de reforzarla. Además, no promueve más empleo, pero sí más paro, con la consiguiente discriminación de los que buscan trabajo, incluidos los jóvenes. A la postre, la indiciación ni siquiera garantiza el poder adquisitivo de los salarios, porque puede convertir repuntes inflacionarios transitorios en permanentes y alimentar así un sesgo inflacionista en la economía. ¿Cui bono?
Juergen B. Donges es asesor científico del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Colonia. Presidió entre 2000 y 2002 el comité de sabios que aconseja al Gobierno alemán.
