Pacto por el empleo

Los datos de la EPA son el mejor exponente de la grave crisis económica y financiera por la que atravesamos. Una tasa de paro del 17,36% y más de cuatro millones de personas en el desempleo lo dicen todo. La destrucción de empleo se sigue produciendo principalmente entre los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y destacan los jóvenes, que es el grupo que mantiene las tasas de temporalidad más altas.

En España, contrariamente a lo que sostienen determinados sectores empresariales, los despidos se producen por finalización de contrato, más de un 50%; por despido improcedente, prácticamente el 35% y sólo un 5% a través de expedientes de regulación de empleo. Así, de los 16,6 millones de contratos realizados el pasado año, 14,6 millones fueron de carácter temporal, en sus más diversas modalidades, lo que explica el más que probable fraude de ley, tantas veces denunciado por CC OO.

No parece que la masiva destrucción de empleo encuentre obstáculos en la supuesta rigidez laboral

El mercado de trabajo español, por tanto, dispone de un colchón que supone que uno de cada cuatro trabajadores tiene contrato temporal. Ésta, y no otra, es la primera causa del rápido ajuste en el empleo desde los primeros síntomas de recesión, y viene a desautorizar a los ideólogos del "mercado sin reglas", obsesionados en vincular reformas laborales y crisis, o lo que es lo mismo, mayor discrecionalidad empresarial para rescindir contratos, abaratamiento del despido y liquidación de la tutela judicial. No parece que la masiva destrucción de empleo encuentre obstáculos en la supuesta rigidez del mercado de trabajo.

En este escenario es prioritario proteger a las personas en situación de desempleo, también a los sectores más vulnerables a la misma y especialmente a las que carecen de protección social, además de construir el consenso social y político necesario para alcanzar un pacto que ayude decisivamente a cambiar el patrón de crecimiento.

Un pacto de legislatura por el empleo, la protección social y la economía productiva, en el que participen los agentes sociales, el Gobierno de España y, en su ámbito, las comunidades autónomas. Un acuerdo de carácter integral en su concepción, desarrollo y ejecución, capaz de comprometer una base industrial sólida que invierta en I+D+i, mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al modelo productivo.

La convicción de que la economía española atraviesa por un momento extraordinariamente grave, de que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras se encuentran en los márgenes de la exclusión social, de que las respuestas que se han puesto en marcha o se proponen no tienen la capacidad de afrontar con eficacia la situación, y de que no saldremos de ésta sin una implicación activa del conjunto de la sociedad, empezando por sus principales actores, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales, es lo que lleva a CC OO a proponer un pacto de legislatura y a actuar sin más tardanza.

Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CC OO.