El Parlamento argentino propone la expropiación de Aerolíneas

Una comisión del Parlamento argentino ha recomendado este martes al plenario del Legislativo avanzar hacia una ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas, después de que el grupo español Marsans, propietario mayoritario de la compañía, rechazara la evaluación de la empresa emitida por el Tribunal de Tasación argentino.

La recomendación todavía deberá ser aprobada por el pleno del Legislativo en un trámite parlamentario que puede demorarse al menos en un mes. No obstante, y dada la mayoría de que disponen los Kirchner en el Parlamento, es difícil que la moción sea rechazada, informa Jorge Marirrodriga. Máxime después de los debates producidos con anterioridad, y televisados en directo a todo el país, donde los diputados del oficialista Frente Para la Victoria (FPV) han desgranado presuntas irregularidades financieras de los propietarios de Aerolíneas en un tono que motivó la reacción diplomática de la Embajada española por las generalizaciones contra España, con insultos y descalificaciones incluidas.

El Gobierno de Cristina Fernández y Marsans negociaban desde julio pasado el traspaso de Aerolíneas al Estado argentino, que posee un 5% de la compañía, pero las conversaciones prácticamente no registraban avances desde que las partes presentaron sus evaluaciones de la firma.

El grupo español reclamaba la convocatoria a un tercer tasador independiente, cuya evaluación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno el 17 de julio pasado, cuando se inició la negociación. Pero el Gobierno rechazó esta posibilidad al argumentar que el Parlamento, a comienzos de septiembre, aprobó una ley que convalida el rescate estatal, aunque establece que es el Legislativo quien debe dar el visto bueno al precio que el Estado pagará a la empresa.

Marsans ha rechazado la valoración realizada por la comisión parlamentaria para la venta al Estado argentino: un peso, es decir, apenas 30 céntimos de euro. El grupo español ha amenazado con acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), mientras varios sectores políticos argentinos exigen no sólo la confiscación a la empresa española sino la imposición de una multa.