La Política Agrícola Común viene de rebajas
Bruselas impondrá recortes en las ayudas directas a los agricultores para cubrir las necesidades del desarrollo rural
Un total de 42.000 millones de euros para ayudas directas y apoyo a los mercados, junto a otros 12.000 millones de euros para el desarrollo rural constituyen las cartas de presentación de la Política Agrícola Común. En el caso de España, el sector recibe anualmente más de 6.000 millones de euros, de los que 4.500 corresponden a las ayudas como pagos directos.
La distribución del gasto de esos fondos ha constituido una constante en los debates históricos en el seno comunitario ante los intereses de cada país para arrimar el ascua a su sardina y las pretensiones de la comisión de desarrollar su política agraria. Antaño, cuando la UE era cosa de seis, el reparto de los fondos se hacía amigablemente entre los países del norte para cereales y leche y el sur para el aceite de oliva italiano. Hoy, con una UE a 27, la distribución de los fondos supone un ejercicio de equilibrio entre los intereses de cada país, la política que quiere aplicar Bruselas y los recortes de recursos.
Las rebajas a quienes reciben las ayudas más elevadas, por encima de los 100.000 euros, sólo supondrán en conjunto unos 85 millones
Los recortes propuestos por Bruselas suponen más de 350 millones de euros para los 200.000 agricultores más profesionales del campo
En 2003, con la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común, PAC, Bruselas impuso un reparto de la mayor parte de las ayudas como pagos directos en función de cobros históricos. Ello suponía que se asignaran fondos a los agricultores y ganaderos, pero también a empresas ajenas a la actividad directa como ayuntamientos, superficies dedicadas hoy a campos de golf, absentistas, compañías ferroviarias o fincas de caballos, como denunciaba el Tribunal de Cuentas de la UE
Cuatro años más tarde de esa reforma, la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer, ha presentado las líneas de la reforma de esa misma política agrícola.
Trasvase de recursos
La comisaria escenificó la nueva reforma como una propuesta para reducir los pagos a los grandes terratenientes, a los absentistas y, en conjunto, a quienes reciben más fondos comunitarios. Sin embargo, la propuesta supone, fundamentalmente, un trasvase de recursos de las ayudas directas de todos los agricultores y ganaderos y, muy especialmente, entre el colectivo más profesional para compensar la reducción de los presupuestos para la PAC y poder atender los mayores pagos a los nuevos países miembros y para el desarrollo rural.
Según la propuesta comunitaria, Bruselas recortará las ayudas directas en un 15% a los pagos entre 100.000 y 200.000 euros, del 25% a los comprendidos entre 200.000 y 300.000 euros, y el 45% cuando superen los 300.000 euros. En el caso de España, de acuerdo con los datos del Fega sobre la campaña anterior, entre los 100.00 y los 200.000 euros hay 2.120 perceptores con unos cobros de 283 millones de euros. Entre los 200.000 y los 300.000 euros hay 352 perceptores con cobros por 84 millones de euros, y con más de 300.000 euros hay 219 perceptores con unos cobros de 222 millones de euros. En total, 2.691 perceptores con cobros por 589 millones de euros.
Según las deducciones planteadas por los responsables comunitarios, Bruselas lograría con esta medida recuperar unos 85 millones de euros, siempre que no hagan subdivisión de sus explotaciones. Sobre el papel, esos recortes los soportarían los grandes propietarios, desde los terratenientes a personas jurídicas como algunas empresas. Pero, en ese mismo paquete, si no se articulan otros mecanismos, se podrían encontrar igualmente más 4.000 entidades asociativas formadas por agricultores y ganaderos, los más avanzados en el proceso de organización del sector agrario que, de esta forma, en lugar de tener un premio, tendrían una penalización.
De acuerdo con la propuesta de la comisión, el recorte más importante de los pagos directos en el sector agrario se aplicará, sin embargo, a los profesionales del sector.
Colectivos diferenciados
Hoy, todos los pagos hasta 5.000 euros están exentos de modulación o un recorte de los mismos del 5%. Bruselas plantea mantener esa franquicia para todos los pagos e incrementar el recorte hasta el 13% desde 2010 a 2013 a razón de un aumento anual de dos puntos.
Con esa propuesta, en el sector agrario español, 692.000 perceptores sobre un total de 894.000, con unos cobros totales de solo 834 millones de euros, estarán exentos de un recorte en sus ayudas. Se trata, sin embargo, de un colectivo beneficiado, pero que en realidad no se puede calificar como agricultores o ganaderos como actividad principal ante la inexistencia de explotaciones viables con ese tipo de ingresos.
Con la propuesta comunitaria de aumentar la modulación hasta el 13%, el colectivo más afectado negativamente será el de los profesionales del sector con ingresos entre los 5.000 y los 100.000 euros, donde se agrupan algo más de 200.000 agricultores y ganaderos. A este colectivo, aplicando la franquicia actual del 5%, los recortes por la modulación del 13% se elevarán a unos 350 millones de euros, más de cuatro veces más que los descontados a los grandes empresarios.
'Stocks' como instrumento de apoyo para agricultores y consumidores
Junto a la fiebre recaudatoria indiscriminada de la comisión, la propuesta de reforma de la PAC contempla seguir eliminando los mecanismos de intervención y los sistemas de compras públicas. Esta propuesta supone que los responsables comunitarios siguen actuando a piñón fijo en la estrategia de eliminar stocks. Bruselas no ha hecho una reflexión sobre lo que está sucediendo hoy con los precios al alza de los alimentos en la UE por la falta de reservas y la dependencia del exterior.
La política de sistemas de intervención y compras de excedentes se contemplaba en la Política Agrícola Común de las últimas décadas como un mecanismo para apoyar a los agricultores y ganaderos sosteniendo los precios de los mercados. La fiebre del ahorro en los gastos comunitarios hizo que en los últimos años se eliminara la misma y que los stocks en manos públicas pasaran de montañas de leche, carnes o cereales o balsas de aceite a stocks cero.
En la actualidad, dada la situación de los mercados, la política de compras a precios de intervención supondría nuevamente una red de seguridad para el agricultor o ganadero. Pero, también significaría una red de seguridad para el consumidor comunitario. Ante situaciones de déficit y subidas de precios como la actual en todos los mercados, la existencia de stocks de materias primas agrícolas, como sucede con otros productos estratégicos, sería un instrumento clave para estabilizar cotizaciones y evitar subidas de precios al consumidor. Con la actual estrategia, Bruselas ha logrado un discreto ahorro sin la financiación de stocks, pero los consumidores están pagando más caros los alimentos. Un doble impuesto para el ciudadano. Uno para financiar la PAC y otro en el mercado.
