Principio de acuerdo en el Senado de EEUU para aprobar el plan de estímulo

Arrinconado por una sensación de emergencia nacional a la que ha contribuido el último y alarmante dato sobre de desempleo, el Senado de Estados Unidos ha alcanzado esta madrugada un principio de acuerdo que debería permitir la aprobación del plan de estímulo económico propuesto por Barack Obama. Ese acuerdo, todavía pendiente de ratificación en el pleno, representa un gran paso para autorizar al Gobierno a inyectar en la economía alrededor de 800.000 millones de dólares (algo más de 600.000 millones de euros) para su rehabilitación. Un fracaso, todavía no descartable en el recorrido legislativo pendiente, significaría una monumental derrota política del presidente e hipotecaría las posibilidades de remontar la crisis, en EE UU y en el mundo entero.

El acuerdo, según informaron fuentes que tomaron parte en las negociaciones, fue respaldado finalmente por los senadores demócratas y apenas un puñado de senadores republicanos, casi justo los necesarios para sumar los 60 escaños requeridos para sacar adelante la ley esquivando las tácticas obstruccionistas.

El contenido del acuerdo no era todavía público este viernes, puesto que la ley no había salido a votación en el pleno. Aunque ese trámite fuera en última instancia sorteado, la ley resultante de esta difícil negociación tiene aún que ser pactada con la Cámara de Representantes, que aprobó una versión diferente la semana pasada, y sometido después de nuevo a votación en los plenos de ambas cámaras. El presidente quiere que toda esa tramitación pueda hacerse la próxima semana, con objeto de que esté sobre su despacho para la firma a mitad del mes.

Jornada dramática

El principio de acuerdo anunciado ha sido la culminación de una jornada dramática en el Capitolio. Senadores de ambos partidos trataban frenéticamente y a puerta cerrada las condiciones del compromiso, mientras demócratas y republicanos mantenían en público sus posiciones de principios por si fuera necesario responder del fracaso ante los ciudadanos.

El presidente, por su parte, escalaba en su estrategia de presión sobre el Congreso, más nervioso y exaltado que nunca desde que llegó a la Casa Blanca, consciente de que se encuentra ante un momento clave de su gestión, tal vez ante su particular 11-S. "Es inexcusable e irresponsable caer en la distracción y el retraso cuando millones de norteamericanos se están quedando sin trabajo. El mundo está esperando", dijo Obama, señalando hacia los senadores que discutían en el otro extremo de la avenida de Pensilvania.

Obama se ha encontrado en esta apuesta con mucha mayor resistencia de la esperada. En algún momento, incluso ha dado la sensación de haber perdido la iniciativa y la batalla de la comunicación ante una opinión pública que mantiene dudas sobre la calidad de este plan de estímulo.

El presidente contraatacó compareciendo junto a su nuevo Consejo Asesor para la Recuperación Económica, un grupo de sabios, encabezados por Paul Volcker, que intenta dar credibilidad y lustre a la política económica de la Administración. El lunes, en hora de máxima audiencia, intentará reunificar fuerzas en torno a él en una conferencia de prensa televisada. Si el plan de estímulo no está aprobado para ese momento, esa comparecencia será también la oportunidad para que Obama reparta responsabilidades por el fracaso.

Éste es un momento enormemente delicado para todos. Los republicanos no quieren ser cómplices de un gigantesco proyecto de intervención estatal en la economía, pero tampoco quieren aparecer como los culpables de la parálisis de Washington. "No nos oponemos a un plan de estímulo, pero no vamos a aprobar una riada de gastos enmascarados como plan de estímulo", declaró ayer en el salón de plenos el jefe de la oposición, Mitch McConnell.

Obama admitió que "éste no es un plan perfecto". Reconoció también que "hay apartados en esta ley que puede que haya que retirar y otros que haya que añadir". Pero, "en el conjunto", dijo, "es lo que Estados Unidos necesita en estos momentos".

Recortes

Los republicanos han sostenido desde el principio que quieren más recortes de impuestos y menos inversiones que no actúen inmediatamente en la creación de empleo, es decir, menos inversiones en áreas sociales. Obama y la mayoría de los demócratas ven este plan como un instrumento, no sólo para incentivar la economía de inmediato, sino para crear bases sólidas de crecimiento. Por esa razón, el borrador de la ley incluye multitud de gastos destinados a salud, educación, energía y otros ámbitos que no parecen automáticamente incidir en el empleo.

Los demócratas parecen dispuestos a renunciar a cerca de 100.000 millones de dólares esos gastos (incluidos unos 50.000 millones destinados a educación), y a ampliar en unos 65.000 millones de dólares la cantidad de recortes fiscales a fin de conseguir el respaldo de los republicanos. El resultado sería un plan de unos 800.000 millones de dólares, con el 40% dedicado a rebajar impuestos. El partido mayoritario necesitaba al menos dos votos (se esperaba que Ted Kennedy suspendiera su comparecencia para votar) para sacar adelante la ley.