Los fiscales del 'caso Rumasa' presentan un recurso contra la

Los fiscales especiales del caso Rumasa, Fernando Jiménez Lablanca y José Julián Hernández Guijarro, presentaron ayer un recurso de súplica ante la Audiencia Nacional contra el auto de prisión atenuada de José María Ruiz-Mateos. Los fiscales entienden que la decisión de sustituir la prisión incondicional por el arresto domicihario del ex presidente de Rumasa no es competencia de la Audiencia y, además, que algunas de las condiciones que impone el auto para el detenido son inconstitucionales.Fuentes jurídicas consultadas ayer, al igual que los propios fiscales, manifestaron que el recurso podría paralizar la puesta en práctica del arresto domiciliario, aunque no expresaron una absoluta segundad sobre el tema.

En la tarde de ayer, el juez instructor aún no había recibido el auto de prisión atenuada de Ruiz-Mateos, aunque el plazo para su envío por parte de la Audiencia Nacional finalizaba a,las doce de la noche. Según fuentes jurídicas, el juez instructor, Luis Lerga, comenzará hoy los trámites para la ejecución de la decisión de la Audiencia, que está pendiente de algunas de las condiciones establecidas, como es el caso de las condiciones de la custodia, cuyo coste ha de correr a cargo del detenido.

El Ministerio del Interior debe remitir un informe sobre el número de agentes y el equipo técnico necesario para asegurar una vigilancia eficaz del detenido. Uno de los abogados de Ruiz-Mateos, Ramón Pelayo, visitó ayer a su defendido en la cárcel de Alcalá-Meco para hablar sobre el pago de las fuerzas que han de custodiarle. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias no había recibido ayer ninguna notificación sobre alteración en las condiciones actuales de prisión del ex presidente de Rumasa.

El recurso presentado por los fiscales defiende la procedencia de dejar sin efecto la resolución. de prisión domiciliaria, dado que excede la competencia de la Audiencia Nacional, que fue quien dictó el auto, El ministerio fiscal entiende que la ley de 1931, en base a la cual se accedió al arresto domiciliario para el detenido, confiere la posibilidad de otorgarlo exclusivamente al juez instructor.

Subsidiariamente, para el caso de que no fuera aceptado el argumento de no competencia de la sala, el recurso plantea la dudosa constitucionalidad de las medidas cautelares. En este punto, dice, se actúa "en defensa de los derechos de los ciudadanos".

El "respeto a las normas constitucionales" impone que la concesión de la prisión atenuada venga determinada por la condición económica del favorecido por ella o de sus familiares (artículos 1 y 14 de la Constitución). "La prohibición de toda actuación, manifestación, intervención o declaraciones públicas sin previa y expresa autorización del instructor", se argumenta, "pudiera lesionar asimismo derechos constitucionales del procesado". El ministerio fiscal entiende que la medida de vigilancia policial, en cuanto deba ser sufragada a expensas del procesado, puede rozar preceptos constitucionales, o, al menos, la resolución impugnada no cita la norma legal en que se fundamenta". El recurso, para que pueda prosperar, tiene que ser admitido a trámite por la propia Audiencia Nacional. En ese caso, los abogados defensores de José María Ruiz-Mateos podrían presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La comparecencia de Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, y de Antonio Navalón, antiguo asesor del ex presidente del grupo expropiado, prevista para hoy en el juzgado de delitos monetarios, ha sido aplazada a mañana, miércoles. Ruiz-Mateos estará presente en la misma.