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Columna
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'Reformas de segunda generación'

Joaquín Estefanía

Las tres primeras medidas ejecutivas de Obama, nada más jurar su cargo, fueron congelar el sueldo de los altos cargos, demandar una iniciativa para hacer más transparente la Ley de Libertad de Información, y revisar la actividad de los grupos de presión (lobbies). Detengámonos en esta última: el personal de la Administración estadounidense no podrá ejercer influencia sobre la Casa Blanca ni recibir regalos de los grupos de presión; a su vez, los miembros de estos últimos no podrán ocupar puestos en la Administración de Estados Unidos relacionados con áreas que ellos hayan representado durante los dos últimos actos.

Una de las ideas fuerza del nuevo presidente, por contraposición al abandono de la Administración neocon, es reforzar el papel de las instituciones. No sólo por su relación directa con el Estado de derecho, sino como herramientas centrales en la recuperación de la economía.

Hubo quien creyó que el mercado y la tecnocracia llevarían al progreso. Hoy sabemos que no es así

Como bien han analizado los profesores José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín en su último libro (Acción colectiva y desarrollo. El papel de las instituciones, editorial Complutense e Instituto Complutense de Estudios Internacionales), las causas del progreso de un país no sólo están en la dotación y el uso de los factores productivos que posee -capital, trabajo y tecnología- (lo que denominan el hardware de la economía), sino en la relevancia de los marcos normativos y de sus instituciones (el software económico). En una sociedad en la que interactúan agentes independientes, las instituciones reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción, facilitan la coordinación social; en definitiva, condicionan la habilidad que una sociedad tiene para poner en pleno uso sus factores productivos y someterlos a una más intensa dinámica de acumulación y mejora.

Mejorar el papel de las instituciones en el marco de referencia de nuestra época (la globalización) y en medio de una crisis que tiene el potencial de ser la peor o una de las más dañinas que se recuerdan. Por ejemplo, el de las numerosas formaciones G que, constituidas por cooptación y sin estructura orgánica, han sustituido a los organismos multilaterales (ONU, FMI, BM, OMC...) en la resolución de las crisis, en busca de una eficacia que sacrifica la mayor representatividad (no óptima) de los últimos. Por ejemplo, lo que el economista francés Jean-Paul Fitoussi ha denominado "instituciones ademocráticas" (bancos centrales, agencias de calificación de riesgos, reguladores y supervisores...), que constituyen otra de las prioridades de la Administración de Obama, que ya ha esbozado una reforma de la supervisión financiera, demandada también por otros líderes políticos en la reciente cumbre de Davos. Esas "instituciones ademocráticas" cada vez influyen más en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Se trata de las reformas de segunda generación, que eran una especie de segunda fase del Consenso de Washington y que nunca se aplicaron con la misma determinación que las primeras reformas (equilibrio macroeconómicos, privatizaciones...) con los resultados hoy bien conocidos por todos. Para que la crisis financiera y la recesión planetaria no devengan en crisis política y de seguridad, como ocurrió tras la Gran Depresión y con las dos guerras mundiales, se requiere de marcos normativos e institucionales que mejoren el funcionamiento de la economía global y la calidad de la democracia: si las decisiones de los poderes públicos son injustas o chocan contra las preferencias más sentidas, si los representantes elegidos aparecen envueltos en prácticas censurables, si determinadas preocupaciones económicas y sociales no encuentran el canal adecuado para expresarse o recibir una solución colectiva satisfactoria, etcétera.

Hubo un momento en que algunos creyeron que la política había muerto y que el mercado y el saber tecnocrático llevarían al progreso. Hoy sabemos que no es así: para que funcione el mercado necesita dotarse de la seguridad jurídica que le dan las instituciones y los organismos reguladores. Y la tecnología no responde al para qué ni para quién, sino sólo al cómo. Es por ello por lo que los políticos, economistas y demás científicos sociales han vuelto la mirada al Estado y a las instituciones como herramientas imprescindibles para sacar al planeta de sus dificultades actuales. Cómo lograr que el Estado se imponga a los poderes fácticos y a los grupos de presión, y más en general, cómo hacer que la aldea global sea gobernada democrática y eficientemente. El software de la política y la economía.

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