Directivos del Santander se organizaron para evitar dar datos a Hacienda, según el juez
Los asesores fiscal y jurídico del Banco Santander cruzaron diversas cartas entre sí y con el consejero delegado de la entidad, Rodrigo Echenique, acerca del modo de facilitar a los clientes la posibilidad de ocultar su identidad a la inspección de Hacienda, cuando ésta trataba de averiguar cuáles eran los titulares de las 47.964 operaciones de cesiones de crédito realizadas por las entidades del grupo Santander. Esta correspondencia interna, en la que también aparece una nota dirigida al presidente, Emilio Botín, ha sido revelada por el propio juez en el auto difundido ayer.
El magistrado precisa que 9.171 de estas operaciones tenían titulares distintos a los que se comunicó a Hacienda, mientras que 5.179 están aún por confirmar.Cronológicamente, la primera de las notas internas reproducidas por el juez es del 5 de diciembre de 1990. Advertía a Echenique sobre la posibilidad de un "desembarco inmediato" de Hacienda en varias sucursales del Santander, y estaba firmada por el jefe de la asesoría fiscal, Julio Banacloche. Para hacer frente a la emergencia, Banacloche proponía enviar una carta a los jefes de organización del banco, en la que se les instruía sobre la necesidad de solicitar un aplazamiento de 10 o 15 días en las inspecciones que intentara la Administración, y si no se lograra, manifestar a Hacienda que la única constancia en la oficina afectada era la microficha en la que se comprobará "la adquisición y cancelación por caja" de la cesión de crédito investigada. Igualmente se daban instrucciones para que la asesoría fiscal del banco fuera avisada, de inmediato, de las diligencias realizadas por Hacienda.
El mismo Banacloche, asesor fiscal del Santander, envió a Echenique, otra nota el 11 de febrero de 1991: entre él y Ginés Navarro [otro asesor fiscal] habían transmitido "suficiente tranquilidad" a los jefes de organización afectados, y en todo caso, había dado instrucciones a las sucursales de remitir a la inspección de Hacienda a la asesoría fiscal del banco, "para recibir las aclaraciones que procedan".
Hay otra nota del asesor jurídico, José Ignacio Uclés, enviada a Echenique, en la que daba una relación de 686 operaciones, "últimamente entregadas", de las cuales sólo el 43% figuraban "con dos apellidos o siglas sociales suficientemente identificativas". Y expresaba su preocupación de que, ante la probable identificación de titulares de cesiones de crédito por Hacienda "no podemos imposibilitar la defensa a cada uno, impidiéndole, en su caso, hacer [declaraciones] complementarias".
"No se nos oculta", añadía Uclés, "que ante una avalancha de [declaraciones] complementarias pudiera tachársenos por la Administración de conocer la identificación para avisarlos y no comunicar todos sus datos a Hacienda(...) Lo que no debemos es mantenernos pasivos con los clientes, cuando nos consta que, con seguridad, serán suficientemente identificables y podrían ser requeridos, impidiéndoles toda opción de regularizar. Por último, cabría ponderar si se contacta con todos o con los de determinada cuantía".
El 22 de febrero de 1991, el asesor fiscal, Banacloche, expresa sus dudas sobre la estrategia adoptada. En carta a Echeniche, el asesor fiscal le dice: "Recibo la nota, cuya fotocopia te adjunto, que me envía José Ignacio Uclés [asesor jurídico] sobre las últimas operaciones identificadas. Me pregunta si tengo alguna reserva sobre el planteamiento. Mientras estoy en una disciplina yo no tengo reservas. Debe ser que asimilé demasiado mi condición de inspector de los servicios del Ministerio. Pero quizá por esta misma causa es por lo que de tener reservas las tendría desde 1987 cuando dí mi opinión sobre el asunto; en agosto de 1989 cuando señaló el camino del recurso; en la asumida, por responsabilidad y no por gusto, coordinación de casi todos los requerimientos que se han venido y se vienen produciendo sobre las cesiones; en el estudio contigo de posibles alternativas finales; y en la tramitación de instrucciones telefónicas y por escrito, en términos no alarmistas, según me indicaste". La nota terminaba indicando que se alegraba de que la "coordinación" de toda esta actividad recayera en el asesor jurídico, José Ignacio Uclés, y no en él mismo.
Hay otra nota de Banacloche a Uclés, fechada el 4 de marzo de 1991, en la que dice que conviene que Uclés "coordine la actuación del Banco respecto de los titulares del último listado que se entregó a la Unidad Central de Inspección". Anteriormente, Banacloche le dice a Uclés: "Como le digo al Consejero delegado yo no tengo reserva alguna cuando veo una propuesta con su "Conforme". Personalmente, en cambio, no dejo de extrañarme de tu nota ahora y no cuando Rodrigo decidió, primero, dar los nombres; después de las agencias; después, no darlos; para acabar, en fin, dándolos".
Hay otra nota posterior de Ginés Navarro al presidente del banco, Emilio Botín, informándole sobre la marcha de los expedientes de Hacienda en relación con las operaciones realizadas en Las Palmas y Zaragoza. Está fechada el 4 de febrero de 1992, y en ella avisa sobre la posibilidad de que Hacienda tenga la intención de "considerar estas cuestiones no tanto individual como conjuntamente, en cuanto vengan a definir la actitud global del Banco Santander".
