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Salgado exige más lucha contra el fraude fiscal para cuadrar el déficit

La Agencia Tributaria estrecha el control sobre el impuesto de sociedades

Lucía Abellán

La difícil tarea de cuadrar las cuentas públicas está resultando este año más compleja de lo esperado. Con los ingresos estancados por la parálisis económica y las más que previsibles desviaciones de objetivos en las comunidades autónomas, Hacienda escarba en cada rincón para hallar recursos que le permitan acercarse lo más posible a la meta de déficit (6% del PIB en el conjunto de Administraciones públicas). En esa búsqueda, el ministerio ha apelado a la Agencia Tributaria para que destape la mayor cantidad de fraude posible -y agilice los procesos ya en marcha- antes de final de año. Así lo reconoce el director de este organismo, José María Meseguer, y confirma el Ministerio de Economía y Hacienda.

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"Es un problema de Estado. Se nos demanda que trabajemos con mayor eficacia", pidió Meseguer a los inspectores de Hacienda del Estado, que celebraron su congreso anual a finales de la semana pasada en Cádiz. El responsable de la Agencia aseguró a estos profesionales que desde septiembre, cuando se acentuó la evidencia de que la meta de déficit se aleja, el organismo puso en marcha un plan de impulso contra el fraude por "la necesidad de cumplir los objetivos de Bruselas".

Un portavoz de Hacienda corrobora esos proyectos y explica que consisten en agilizar la gestión y la recaudación de la lucha contra la elusión fiscal. Es decir, que los procesos ya en marcha culminen lo más rápido posible con el ingreso efectivo de las cantidades adeudadas. Otras fuentes de la inspección detallan que se ha puesto en marcha un plan especial para controlar a las empresas en los pagos fraccionados que realizan por el impuesto de sociedades (el que abonan por sus beneficios). Este impuesto se ha desplomado durante la crisis, hasta aportar prácticamente un tercio de la recaudación que suministraba en 2007. Los inspectores tienen instrucciones de analizar los pagos fraccionados de años anteriores y aplicar sanciones si el ingreso se demuestra insuficiente.

Entre esos profesionales existe la convicción de que muchas empresas ingresan menos de lo que deben en esos pagos fraccionados porque Hacienda apenas los comprueba, únicamente examina la liquidación final, por lo que las compañías retrasan los pagos correspondientes. Con este plan, el fisco pretende que todos los pagos de este ejercicio y de otros anteriores se ingresen, si es posible, antes de diciembre. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció en verano medidas para que los dos últimos ingresos a cuenta del año (octubre y diciembre) se incrementen, de forma que el Estado ingrese 2.500 millones de euros más (a costa, eso sí, de dejar de ingresarlos en 2012).

Otra iniciativa que llevaba mucho tiempo en gestación y que finalmente ha empezado a desarrollarse en octubre es el aprovechamiento de los datos de consumo eléctrico para detectar economía sumergida. La Inspección inició en octubre un programa de 7.000 visitas a locales comerciales cuya factura de la luz revela una actividad que no aparece declarada ante el fisco. Se trata de una primera tanda que se espera termine en febrero y que continuará más adelante con inspecciones a viviendas cuyo consumo eléctrico revele también irregularidades.

Con estas pequeñas ayudas adicionales, Meseguer avanzó en el congreso de inspectores que la recaudación por fraude fiscal alcanzará este año 10.000 millones de euros, cifra idéntica a la de 2010, aunque entonces supuso un incremento del 23% respecto del ejercicio anterior. La repetición del récord de 2010 probablemente no se habría alcanzado sin ese último empujón de los planes especiales, pues destapar más irregularidades en medio de una economía estancada, y utilizando los mismos medios, resulta cada vez más complejo.

El secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, dice entender la petición de auxilio por parte del ministerio, pero avisa de que la capacidad de mejora es limitada: "Somos conscientes de que tenemos que hacer más y mejor, pero los procesos tampoco pueden cerrarse antes de tiempo. Para mejorar pedimos más medios humanos y materiales".

La vicepresidenta económica Elena Salgado, en un pasillo del ministerio en octubre.
La vicepresidenta económica Elena Salgado, en un pasillo del ministerio en octubre.SAMUEL SÁNCHEZ

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.
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