Salvar países y salvar bancos

Se multiplican las reuniones bilaterales o multilaterales de los principales líderes mundiales y los jefes de los organismos internacionales para tratar de dar contenidos concretos a la próxima cumbre del G-20 en Cannes, en noviembre, y que no resulte un nuevo fiasco, como las tres anteriores. El centro de atención de los mandatarios es móvil, conforme cambia la naturaleza del problema principal de cada momento; ahora, tres años después, lo más urgente que hay que resolver ya no es la previsible suspensión de pagos de Grecia, sino la sanidad del sistema financiero privado -consecuencia en parte de la primera- con otra tanda de recapitalizaciones (una forma de decir, en un lenguaje políticamente correcto, de nacionalizaciones y socialización de pérdidas).

El empleo debe ser uno de los objetivos centrales de las cumbres del G-20

Salvar bancos es un problema instrumental, no finalista. Se trata nada menos que de consolidar los ahorros de sus clientes para que no se genere un pánico bancario como el de la quiebra de Lehman Brothers, y que fluya el crédito para que funcione la economía con normalidad. Pero desde que comenzó la Gran Recesión la principal secuela que ha dejado en el mundo es el aumento del paro, el subempleo y el desaliento de mucha gente que se está quedando atrás en la distribución de la renta, la riqueza y el bienestar. Los movimientos de los indignados, todavía incipientes, indican que se está pasando de una fase de ansiedad y miedo a otra de cólera entre quienes están, a la vez, "superpreparados y superdesempleados", como declaraba uno de los participantes en Ocupa Wall Street. Los mandatarios del G-20 han de estar atentos a su pérdida de legitimidad entre muchos ciudadanos que se sienten frustrados por un sistema político que no les acoge y al que crecientemente califican de fallido, corrupto, indiferente e irresponsable. Obama decía que "la protesta genera frustración". Ello significa hablar de democracia y no solo de economía.

En la reunión que hace unos días tuvieron los ministros de Trabajo del G-20 se presentó un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hoy ambas dirigidas por dos latinoamericanos. En él se hacía un recorrido por el mapa del paro en el mundo y se manifestaban algunas tendencias preocupantes: 200 millones de desempleados, de los cuales 30 se han generado en estos años de crisis; 1.200 millones (el 40% de la fuerza laboral en el mundo) de trabajadores vulnerables por las condiciones en que laboran o por los escasos emolumentos que cobran; incremento del paro de larga duración y expulsión de los que lo padecen del sistema de protección del seguro de desempleo en los países en que existe. Y lo más significativo: el paro de los menores de 24 años dobla el porcentaje general: 80 millones de jóvenes no tienen puesto de trabajo y 150 millones (el 28% del total) trabajan, pero permanecen en la pobreza, dado lo ridículo de sus emolumentos. La OIT y la OCDE daban la alarma sobre una "generación perdida".

Si los jóvenes no trabajan se descapitalizan las sociedades a las que pertenecen: se pierde la inversión en educación que se ha hecho a lo largo de décadas, los Estados no perciben los aportes necesarios para mantener un sistema de Seguridad Social basado en el esquema de la solidaridad intergeneracional y, a sensu contrario, tienen que aumentar el gasto público en servicios de apoyo a los perjudicados por no trabajar.

El objetivo político consiste en generar esos 30 millones de puestos de trabajo perdidos en la crisis, más los 170 millones anteriores a la misma, más los imprescindibles para dar un lugar en el sistema de producción y en la sociedad inclusiva a los millones de jóvenes que todos los años se incorporan al mercado de trabajo. Ello, si se quiere evitar una mayor deslegitimación política y que la crisis económica devenga en una crisis social, de imprevisibles consecuencias. La prioridad debe ser incorporar el empleo y su calidad a los objetivos centrales de las cumbres del G-20 y a los estatutos de los bancos centrales. Ello dará la medida de la voluntad política para atajar el problema central de las democracias y evitar esa década perdida que comienza a parecer irremediable.