El Santander suspende cautelarmente al empleado acusado de utilizar información privilegiada

El Santander ha anunciado la suspensión cautelar de empleo a Juan José Fernández García, analista de productos derivados europeos de la entidad, implicado junto al también español Luis Martín Caro Sánchez en una presunta utilización de información privilegiada en la oferta de compra de la minera BHPBilliton sobre la compañía de fertilizantes PotashCorp.

El Grupo que preside Emilio Botín ha insistido en que la compañía "ha actuado en todo momento de acuerdo con los procedimientos establecidos" y ha insistido en que "se esta a la espera de los resultados de las investigaciones tanto internas como las de los supervisores, estando el banco a disposición de estos últimos." Por último se ha señalado que ambos individuos operaron por cuenta propia y en "ningún caso como representantes o miembros del Santander.

Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha rechazado la posibilidad de personarse en esta causa, ya que "tanto las opciones como las acciones que han intentado adquirir cotizan en el extranjero, por lo que no es posible aplicar la ley nacional del mercado de valores". A pesar de esto, han matizado que al tener acuerdos con diversos reguladores internacionales, entre los que se encuentra la SEC, colaborarán en todo aquello que les puedan solicitar desde EE. UU.

Ganancias superiores a los 800.000 euros

El regulador del mercado bursátil en Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) presentó ayer este martes cargos contra Gracía y Sanchéz, por embolsarse de forma ilícita un total de 1,1 millones de dólares (870.000 euros), gracias a la información confidencial.

El Santander es una de las asesoras de BHP y, según el informe de la SEC, una de las entidades que participarían en la financiación de la oferta. El otro acusado es Luis Martín Caro Sánchez. Los dos residen en Madrid. Y para los dos la SEC ha conseguido una orden judicial para congelar sus bienes.

García y Sánchez, según la SEC, invirtieron unos 61.000 dólares en opciones de Potash, que vendieron justo después de que el pasado 17 de agosto la minera australiana hiciera pública su oferta para hacerse con el control de la canadiense, en una operación valorada en 38.600 millones. Fruto de esta acción, García obtuvo un beneficio de unos 447.000 euros y Sánchez de 386.000.

El regulador norteamericano califica el movimiento de "muy sospechoso" y acusa a los dos españoles de poseer información sobre la oferta de compra -que elevó el precio de las acciones un 27,7%- que todavía no se había hecho pública, y utilizarla en su beneficio de forma ilegal.

Sánchez Caro, además, intentó hacer una transferencia de los fondos obtenidos a una cuenta en el Banco Pastor, en España, un día después de la venta. Sin embargo, Interactive Brokers, empresa de inversión británica desde la que ambos operaban, rechazó su petición tras examinar el movimiento. Al día siguiente, Sánchez solicitó de nuevo una operación similar, esta vez por una cantidad menor (150.000 euros) que, por el momento, sigue pendiente de ser aceptada.