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Sebastián trata de unificar con las autonomías las ayudas al automóvil

EP - Madrid - 25/05/2009

 
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se reúne hoy con representantes de las comunidades autónomas para analizar las ayudas directas al cambio de automóvil contempladas en el Plan 2000E, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, según fuentes de Industria. El ministerio plantea la cita para perfilar una aplicación homogénea del plan de ayudas en todas las autonomías.

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Además, Industria ofrecerá a las comunidades los servicios de la entidad colaboradora encargada de la gestión y liquidación de las ayudas, para evitar que los concesionarios tengan dos interlocutores y dos pagadores por cada operación.

El Plan 2000E garantiza en toda España una ayuda mínima de 1.500 euros para la compra de un coche, de los que 500 los aporta el Gobierno y los 1.000 restantes, los fabricantes de automóviles. Además, cada comunidad puede sumarse con 500 euros más.

Hasta la fecha, 12 de las 17 comunidades autónomas han decidido adherirse a la propuesta del Gobierno, si bien cuatro de ellas -Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León- han ampliado las ayudas con cargo a sus presupuestos. Las otras ocho que suscriben la propuesta gubernamental íntegramente, es decir, que se comprometen a aportar sus 500 euros, son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y País Vasco.

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En el extremo opuesto, Madrid y La Rioja no aceptan sumarse a la propuesta que lanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación, y optan por rebajar el impuesto de matriculación. El Gobierno de Esperanza Aguirre se inclina por una bonificación del 20% en el impuesto de matriculación, un sistema similar al de La Rioja, que aplicará descuentos de entre el 15% y del 38% de este gravamen, según las emisiones de dióxido de carbono.

Cataluña prevé anunciar hoy su plan para sumarse a la iniciativa del Gobierno. Murcia y Baleares están en tierra de nadie: no han aprobado su propio plan -salvo para vehículos industriales en el caso murciano-, pero tampoco han rechazado la petición del Ejecutivo central.


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