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Standard & Poor's da un toque de atención a EE UU sobre la crisis fiscal

La agencia mantiene la triple A de la deuda pero la sitúa en perspectiva negativa

Antonio Caño

La batalla política sobre el déficit fiscal en Washington y la incertidumbre sobre una solución a corto plazo han creado alarma en Wall Street. La agencia Standard & Poor's alertó ayer sobre el grave peligro que ese conflicto representa para la estabilidad de la economía de Estados Unidos y, aunque mantuvo su calificación de triple A, degradó ayer de "estables" a "negativas" las perspectivas de solvencia de la primera potencia mundial en los próximos años.

Cuando apenas se está remontando una larga recesión, esta valoración es la más grave llamada de atención sobre los efectos dramáticos que la acumulación de déficit y deuda puede tener sobre el futuro económico, y constituye un aviso a la clase política para que ponga fin urgentemente a su pugna ideológica. Al mismo tiempo, puede considerarse una intromisión en un debate en el que están en juego dos modelos de crecimiento distintos que deberían verse las caras en las elecciones de 2012.

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"Creemos que existe el riesgo de que los políticos no lleguen a un acuerdo antes de 2012 sobre cómo atajar los problemas presupuestarios a medio y largo plazo. Si no se consigue un acuerdo y una adecuada aplicación para esa fecha, el perfil fiscal de Estados Unidos sería más débil que la valoración de una triple A", asegura el comunicado hecho público por la agencia calificadora.

Los inversores entendieron inmediatamente el mensaje, y el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York perdía a primera hora de la tarde más de 200 puntos -por encima del 1,70%-. Los políticos, en cambio, creen que es S&P el que se equivoca. "Esa valoración negativa desestima la capacidad de los líderes políticos de unirse para hacer frente a los desafíos fiscales de la nación", asegura una nota del Departamento del Tesoro.

El pronóstico de S&P, que coincide con la impresión manifestada el pasado fin de semana por el Fondo Monetario Internacional, es el efecto inmediato de una difícil situación política en Washington, donde un Congreso, con fuerte presencia republicana, y una Casa Blanca en manos del Partido Demócrata han presentado dos ofertas diferentes para atajar el déficit sobre las que no va a ser sencillo encontrar un punto intermedio antes de 2012.

Antes de las elecciones de ese año, Estados Unidos debería de pasar dos dificilísimas pruebas para evitar el desorden financiero: la aprobación de los próximos presupuestos y, sobre todo, la autorización por parte del Congreso de la elevación del techo de deuda para que el Gobierno federal pueda seguir haciendo frente a sus pagos. Sin esa autorización, que debe producirse el mes próximo, este país puede entrar técnicamente en suspensión de pagos.

Desde ese punto de vista, la preocupación de S&P está más que justificada. La deuda federal norteamericana representa, según el cálculo hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso -la autoridad imparcial y más reconocida en esta materia- el 100% de su PIB, conforme a los presupuestos presentados por Barack Obama para 2012, y seguirá creciendo hasta el 116% en 2021.

Lo que resulta más dudoso es la oportunidad de esta llamada de atención. ¿Por qué ahora, cuando están ya sobre la mesa dos proyectos para la reducción del déficit? S&P explicó ayer, según informa Sandro Pozzi desde Nueva York, que se hace ahora simplemente porque es cuando se percibe una acumulación inaceptable de deuda, pero que la agencia calificadora no defiende ninguna propuesta política concreta.

El problema de la deuda no es nuevo ni necesariamente más grave en este momento. La deuda comenzó a crecer exponencialmente durante la anterior Administración, que gastó 1,5 billones de dólares en las guerras de Irak y Afganistán y más de 800.000 millones en recortes de impuestos. El crecimiento era tal que la Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó una deuda del 344% del PIB para 2050.

La situación no mejoró durante los dos primeros años de este Gobierno, en parte porque hubo que dedicar más de 700.000 millones a salvar a los bancos y más de 800.000 a revitalizar una economía que rebasaba el 10% de desempleo. Pero en la última propuesta presupuestaria se marcó ya la voluntad de estabilizar y, en la medida de lo posible, descender la curva de la deuda.

Tras la conquista de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, la lucha contra el déficit acabó convirtiéndose en una prioridad nacional, a la que Obama se ha sumado también, a riesgo de romper con la izquierda de su partido. Como prueba de esa prioridad, ambos bandos presentaron la pasada semana sendas ofertas para la reducción del déficit. Obama propuso recortar cuatro billones de dólares en los próximos 12 años, y los republicanos elevaron esa apuesta a 5,8 billones en una década, aunque eso incluye 1,5 billones que se calcula de ahorro por salir de Irak y Afganistán.

Son dos caminos diferentes hacia el mismo objetivo. El de Obama incluye una tercera parte de aumento de ingresos con subidas de impuestos y ahorros en el gasto militar. El de los republicanos propone privatizar el principal programa de asistencia médica a los jubilados. S&P dijo ayer que no es posible esperar a que los electores decidan entre estas dos fórmulas.

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