Seguros considera inviable la ITP de Telefónica

La Dirección General de Seguros remitió el pasado martes al presidente de la Institución Telefónica de Previsión (ITP), Vicente San Miguel, el acta que da cuenta de la situación patrimonial actual de la Institución Telefónica de Previsión (ITP). De acuerdo con la inspección realizada, el patrimonio neto de la mutualidad ascendía, en diciembre de 1991, a 83.644 millones de pesetas. Seguros destaca en el acta la falta de viabilidad de la mutualidad, en la que están integrados los 12.000 jubilados y 75.000 trabajadores de la Compañía Telefónica.

La inspección de Seguros es un requisito indispensable para liquidar y disolver la mutualidad y encarar así la definitiva y polémica integración de los trabajadores y pensionistas de la empresa en el régimen general de la Seguridad Social, tal y como aprobó el Gobierno el 27 de diciembre.En las conclusiones, los inspectores de Seguros destacan "la falta de viabilidad que ofrecía la relación aportaciones-prestaciones hasta 1991" "la deficitaria situación patrimonial de la ITP" y la "no adecuación de los estatutos sociales vigentes a la normativa". Asimismo, la inspección concluye que "presumiblemente, el coste correspondiente a las obligaciones de los pasivos que son asumidas por la Seguridad Social superará ampliamente el patrimonio neto de la mutualidad". Así, Telefónica, además de aportar a la Seguridad Social los fondos de la ITP (83.600 millones de pesetas), deberá pagar al organismo público, en 25 años, otros 189.000 millones de pesetas, según los cálculos efectuados hasta ahora.

Seguros señala también que "el plan contable utilizado por la entidad no se adapta a las normas contables del sector seguros" y que "los activos no reúnen las condiciones legalmente exigidas para ser considerados aptos para la cobertura de provisiones técnicas, presentando un grado de concentración del 90% en activos de Telefónica".

A partir de la recepción del acta, según fuentes de los sindicatos, se abre un periodo de 15 días para que los órganos rectores de la ITP presenten alegaciones. Si éstas no existieran la liquidación y posterior disolución de la mutualidad se produciría posiblemente en dos semanas.

Los fondos de la ITP se ingresarán en la Seguridad Social en el momento en que el organismo público se haga cargo de las prestaciones de los beneficiarios de Telefónica. Los sindicatos han solicitado que el lunes se reúna la junta rectora de la ITP, en la que está representado el comité intercentros de la empresa.

Discrepancias

La ITP es la entidad que sustituye, hasta la fecha, a la Seguridad Social en la cobertura de contingencias de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia de los empleados de la compañía. La disolución de la mutualidad, amenazada por la quiebra -los sindicatos cifraron en su día en 120.000 millones de pesetas el agujero en la mutualidad-, es un problema que se arrastra en la compañía desde el año 1985. La plantilla de la empresa se ha pronunciado en varias ocasiones mayoritariamente en contra de su desaparición.Tras la decisión unilateral de la Administración de integrar al colectivo de trabajadores de Telefónica en el régimen general de la Seguridad Social, las discrepancias entre la dirección de la empresa y los sindicatos se centran en el diseño y contenido de un fondo de pensiones, en su modalidad de empleo, que compense la desaparición de la ITP.

Las posturas, según los sindicatos, continúan alejadas. La empresa reconoce derechos adquridos por los trabajadores por importe de 215.000 millones de pesetas. Esa cifra se distribuirá entre los partícipes del plan en función de los años que hayan cotizado a la ITP. Los sindicatos no están de acuerdo con dicha valoración y mantienen la convocatoria de paros, de cuatro horas en cada uno de los tres turnos, mañana y el día 2 de abril. El día 10 está convocada una huelga general en la empresa.

Por otra parte, Telefónica confirmó ayer que la propuesta de subida de tarifas en llamadas interurbanas que se llevará al Ministerio de Obras Públicas y "aún no cerrada" contempla un incremento de entre el 4% y el 5%. La empresa negocia con la Administración rebajas de hasta el 50% en el caso de llamadas a EE UU y de entre el 10% y el 15% en las llamadas con Europa. La revisión y aprobación de las nuevas tarifas por el Gobierno se realizará en abril.