La UE y el FMI aprueban conceder 85.000 millones de ayuda a Irlanda
El 40% se destina a salvar de la quiebra a la banca - Los inversores privados podrían asumir pérdidas en los rescates a partir de 2013 como último recurso
Los ministros de Economía de los Veintisiete aprobaron ayer por unanimidad el plan de ayuda a Irlanda, que había solicitado las autoridades de Dublín hace apenas una semana. La cuantía total del fondo ascenderá a 85.000 millones de euros, aunque 17.500 millones serán financiados por la propia Irlanda. El Gobierno de Brian Cowen destinará excedentes de tesorería y recursos del Fondo Nacional de Reserva de Pensiones a paliar la precaria situación de la banca.
Los ministros aprobaron también las bases para establecer un mecanismo permanente de crisis a partir de junio de 2013. La UE asume la polémica propuesta franco germana de involucrar al sector privado en el rescate. Pero, las exigencias del presidente del BCE, Jean Claude Trichet, y la oposición de algunos países como España, incorpora matices de calado: esa participación se reclamará solo en última instancia y se decidirá caso a caso.
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Un 40% del rescate tiene como destino la banca irlandesa: 10.000 millones para la inmediata recapitalización de las entidades y 25.000 millones para posibles contingencias por falta de liquidez en el apoyo de sector bancario. Los 50.000 millones restantes se destinarán a solventar las necesidades de financiación presupuestaria, extremas desde que las ayudas a la banca elevaron el déficit de este año al 32% del PIB.
El total de ayuda exterior (67.500 millones) procederá en dos terceras partes de Europa (45.000) y en una tercera parte (22.500) del Fondo Monetario Internacional, que ayer puso en marcha el proceso para conceder a Irlanda una línea de préstamo flexible.
La aportación europea procede de dos fuentes. 22.500 millones en forma de avales concedidos por del Mecanismo Europeo para la Estabilidad Financiera (MEEF) que está garantizado por el presupuesto comunitario y otra cantidad igual aportada por la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, (FEEF), el fondo de rescate puesto en marcha tras el rescate a Grecia en mayo. En este caso, el fondo se nutre con avales que emitirán los países del euro para garantizar emisiones de deuda (17.700 millones) y préstamos bilaterales de Reino Unido (3.800 millones); Suecia (600 millones) y Dinamarca (400 millones).
España avalará por un total de 2.600 millones, un compromiso muy inferior al acordado con Grecia, en que la ayuda consistió en un préstamo bilateral de 9.794 millones.
Los préstamos y avales se concederán por un plazo de siete años y medio y el tipo de interés se situará en torno al 5,8%, inferior al anticipado por algunos medios que lo situaban en el 6,7% y algo superior al de Grecia, que fue del 5,2%. Irlanda logrará así financiar sus necesidades a un coste muy inferior al que encontraba en los mercados, donde los títulos a ocho años cotizan a un tipo de interés cercano al 9%.
El primer ministro irlandés, Brian Cowen, manifestó su satisfacción por la decisión: "Es el mejor acuerdo posible para Irlanda". Cowen resaltó que el mayor coste en comparación con Grecia se explica también por el plazo concedido, superior al del rescate heleno (tres años).
Los ministros dedicaron buena parte de la reunión a debatir sobre el Mecanismo Permanente de Crisis, que deberá sustituir al actual fondo de rescate, dotado con 440.000 millones y una duración fijada hasta junio de 2013. La discusión sobre la naturaleza del mecanismo de resolución se centró sobre la exigencia de que los tenedores de deuda pública (bancos e inversores en general) de los países que reciban ayudas tengan con soportar parte de las pérdidas.
El acuerdo al que se llegó es que los bancos y demás inversores solo participarán en las posibles pérdidas en última instancia. También se acordó que se decidirá si esa participación es necesaria caso por caso. El sistema que se prevé es que primero se concederán las ayudas públicas al país que las solicite al tiempo que se pedirá a los inversores privados que mantengan sus posiciones. Solo si después de las ayudas aún es necesario, se podría aplicar una quita en la deuda que mantienen los inversores. Esta reducción se hará con un criterio uniforme, el mismo que aplica el FMI y acepta la doctrina legal vigente en EE UU y Reino Unido.
Para asegurar un criterio uniforme, a partir de junio de 2013 en todas las emisiones de deuda de los países de la zona euro, se fijarán unas cláusulas de acción colectiva que establecerán las condiciones que se pueden modificar de las emisiones en los casos en que un país tenga dificultades para pagar la deuda. Estas cláusulas permitirán modificar el periodo de amortización de la deuda, su tipo de interés o incluso reducir el principal.
El presidente del BCE, Jean Claude Trichet, manifestó su satisfacción por el acuerdo. Trichet se había opuesto a que se involucrara a los bancos de forma automática en los rescates, tal y como había solicitado la canciller alemana, Ángela Merkel. El presidente del BCE había argumentado que esa decisión sólo agravaría las tensiones en el mercado sobre los países más vulnerables, tal y como ocurrió este último mes con la deuda pública irlandesa.
Trichet manifestó que consideraba "muy útiles" las aclaraciones sobre el mecanismo, "que muchos analistas habían señalado como muy necesarias". El acuerdo será discutido en el próximo Consejo Europeo de mediados de diciembre, en que se decidirá también la mínima reforma del Tratado necesaria para que pueda aplicarse.
