La UE denuncia a España por modificar los contratos públicos tras adjudicarlos
Bruselas entiende que la nueva norma no respeta los principios de igualdad de trato y transparencia.
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo porque la normativa sobre modificación de contratos de la nueva ley de adjudicación pública no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.
En opinión del Ejecutivo comunitario, la Ley de contratos del sector público da a las administraciones "amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los mismos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca".
Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación en contra de lo dispuesto en la legislación europea.
Se calcula que la contratación pública en la UE representa en total alrededor del 16 % del PIB de la Unión. Los procedimientos de licitación públicos y transparentes que exige la legislación comunitaria significan, según añade el Ejecutivo comunitario en un comunicado, más competencia, salvaguardias mayores contra la corrupción, y una mejora del servicio y la rentabilidad para los contribuyentes.
La Comisión exige cambios en la legislación sobre el IVA
La Comisión Europea ha pedido hoy oficialmente a España que modifique su legislación sobre agrupación a efectos del IVA por considerar que en su versión actual vulnera la normativa comunitaria. La directiva europea permite a los Estados miembros, en aras de la simplificación administrativa, la posibilidad de considerar como un único sujeto pasivo a aquellas personas que son jurídicamente independientes, pero que están estrechamente vinculadas entre sí desde los puntos de vista financiero, económico y organizativo.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que España aplica incorrectamente esta norma porque permite a personas que no son sujetos pasivos formar parte de una agrupación a efectos del IVA. La solicitud de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si España no modifica su legislación en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El Ejecutivo comunitario también exigió la modificación de la legislación sobre el IVA a Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Suecia, Reino Unido, República Checa y Dinamarca.
