Las autonomías compran 10.764 pisos a las promotoras para pasarlos a VPO

Las viviendas de obra nueva siguen amontonándose. En el mejor de los casos, ya son cerca de 800.000 las casas que siguen sin poderse vender. La cifra no hace más que engordar, lo que inquieta sobremanera a las inmobiliarias, que acaban de pedir a las administraciones que adquieran estos pisos para realizar política de vivienda.

Sin embargo, las comunidades llevan cerca de un año desarrollando esta medida, sin gran éxito hasta ahora. Las ocho primeras autonomías en ponerla en marcha sólo han conseguido comprar 10.764 pisos del mercado libre para convertirlos en vivienda de protección oficial (VPO). Es decir, el 1,4% de las existencias totales.

Entre las adquisiciones directas y otras fórmulas para comprar pisos, como nuevas figuras protegidas con precios máximos más altos, algunas comunidades han iniciado el camino. Andalucía es la autonomía que más pisos ha captado (3.940), seguida de Cataluña (2.038), Canarias (1.000), la Comunidad Valenciana (840), Castilla-La Mancha (800) y Baleares (400).

La Comunidad de Madrid está desplegando también esta posibilidad. De momento, ha captado unos 1.700 pisos, pero no para transformarlos en VPO, sino para convenir los precios y asegurar la financiación. En otras comunidades consultadas, como Aragón o Extremadura, no han llegado peticiones de los promotores, mientras que en Cantabria sólo han adquirido 46 viviendas.

El presidente de la patronal del sector, José Manuel Galindo, reclamó el viernes al Ejecutivo que les comprara los pisos que tienen sin vender. El día anterior ya lo había pedido el vicepresidente de la asociación, Enric Reyna. Si no se deshacen de estas casas, argumentó, no se pueden reiniciar las obras paradas, poner en marcha nuevos proyectos e incluso cumplir los planes de vivienda. Pero el Ministerio de Vivienda fue tajante. "El Gobierno no se lo ha planteado en ningún momento", dijo la directora general de Arquitectura y Vivienda, Anunciación Romero.

En realidad el Gobierno central ya abrió la puerta a esta posibilidad cuando la ex ministra del ramo Carme Chacón reformó el Plan Estatal de Vivienda 2005- 2008. El Ejecutivo pasó a considerar que "vivienda usada" es la que lleva más de un año en el mercado, en vez de dos; se subieron los topes del metro cuadrado de las viviendas de precio concertado en las grandes ciudades y se previeron ayudas.

Pese a que la casi 11.000 viviendas adquiridas pueden no parecer muchas, el economista y ex secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, cree exitosa esta cifra. "En relación al stock es poco, pero hay que compararlo a la promoción de vivienda protegida. La compra de pisos libres para convertirlos en públicos no debe hacerse para reducir las casas sin vender, sino para que el ciudadano pueda acceder a la vivienda", asegura. Si se compara con los pisos sociales construidos en 2008 en España, los adquiridos a promotores privados suponen un 11%.

El presidente del lobby inmobiliario G-14, Pedro Pérez, considera que esta política corresponde a una "dinámica coherente" con el parón del mercado, puesto que la demanda se acumula por las dificultades de las familias para obtener hipotecas, las dudas sobre la evolución de los precios y el aumento del paro. "Si hay tantos pisos sin vender, ¿por qué hacer más? La reforma de Chacón iba en buena dirección, pero su transposición a los planes autonómicos va con retraso", sostiene.

Cataluña, Canarias y Baleares compraron viviendas a través de ofertas públicas. La Generalitat calculó que con esta fórmula se ahorraba tiempo y dinero. Estimó que costó el 98% menos, porque sólo hacía de mediadora entre propietario y comprador. Aun así, se hizo con 317 pisos de los 500 que esperaba comprar. El resto, hasta los 2.038, corresponden a una nueva figura de precio tasado. Reyna tachó esta semana la oferta pública de "fracaso" porque los precios de compra no eran "realistas".