La ayuda al contrato parcial exigirá aumentar la plantilla

El Gobierno quiere impulsar la contratación de jóvenes de hasta 30 años a través de los contratos a tiempo parcial. Para lograrlo, las empresas que recurran a ellos podrán deducirse durante un año el 100% de las cuotas a la Seguridad Social si tienen menos de 250 trabajadores o el 75% si superan esta cifra. No obstante, para acogerse a este beneficio los contratos tendrán que "suponer un incremento neto de la plantilla de la empresa", según recoge el borrador del decreto ley del plan de choque contra el paro juvenil.

Este plan forma parte del Acuerdo Social y Económico firmado la semana pasada entre Gobierno, patronal y sindicatos. El decreto, siguiendo el pacto, también prevé apoyar a los parados de larga duración mayores de 45 años y una paga de 400 euros durante medio año para los parados sin prestación que tengan ingresos anuales inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, según el borrador del real decreto ley de medidas urgentes para el tránsito al empleo estable al que ha tenido acceso EL PAÍS y que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

El Gobierno pospone la reforma de las políticas activas de empleo

Esto supone un cambio en las pretensiones iniciales del Ministerio de Trabajo que también quería sacar adelante hoy la reforma de las políticas activas de empleo, y que, de momento, se aplaza por una o varias semanas.

La exigencia de aumentar plantilla para beneficiarse de la rebaja de cuotas responde a la intención de Trabajo y agentes sociales de evitar que se dé la sustitución de trabajadores cuyos contratos no pueden gozar de la nueva exención por otros que sí. Pero hay otros requisitos: la jornada tendrá que estar entre el 50% y 75% de la que tendría un trabajador a tiempo completo y tendrá que ser al menos de medio año de duración. La exención solo estará vigente durante un año.

Sobre la nueva ayuda de 400 euros, el decreto deja claro que quienes se hayan beneficiado del actual programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI), que finaliza el próximo 26 de febrero y suponen 426 euros al mes, no podrán disfrutar de su sustituto. Sin embargo, a diferencia del anterior programa, ahora el desempleado podrá compatibilizar esta ayuda con otras como los salarios sociales de las comunidades autónomas, siempre que esto no suponga sobrepasar unos ingresos anuales del 75% del salario mínimo (641,4 euros al mes). Entre las obligaciones del beneficiario estará seguir las políticas de inserción laboral que les dicten los servicios públicos de empleo.

Según los cálculos de Trabajo, el nuevo programa tendrá un coste de 400 millones y beneficiará, inicialmente a unos 80.000 parados, informa Luis Doncel.