Las ayudas al alquiler para jóvenes se tramitarán en un plazo máximo de dos meses

Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para tramitar las ayudas para la emancipación de los jóvenes contempladas en el Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler que elabora el Ministerio de Vivienda.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, y los responsables de las Comunidades y Ciudades Autónomas se han reunido hoy en Conferencia Sectorial en Madrid para analizar la puesta en marcha de las medidas de fomento del alquiler, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En este sentido, la mayoría de las autonomías han expresado su voluntad de colaboración y su respaldo a la fórmula de gestión compartida propuesta por el Ministerio de Vivienda, excepto la Comunidad de Madrid, cuyos responsables en esta materia hanrechazado acudir al acto.

Los jóvenes de entre 22 y 30 años podrán solicitar las ayudas de 210 euros mensuales a partir del próximo 1 de enero accediendo a un formulario en la página web del Ministerio de Vivienda y a través de la Red de Oficinas de las comunidades autónomas, donde deberán presentarlo junto con el resto de documentación.

Entre estos documentos, aparte de la solicitud, deberá figurar el contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social del demandante.

Revisión anual

Una vez presentada la solicitud, las comunidades autónomas podrán recabar los datos de los solicitantes a través de las delegaciones territoriales del Catastro, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar que los posibles beneficiarios cumplen los requisitos establecidos.

A partir de ese momento las comunidades autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver la solicitud y trasladarla al Ministerio de Vivienda, que autorizará el pago de la ayuda al joven inquilino.

Con el objetivo de agilizar la gestión de las ayudas, Chacón ha anunciado hoy que su departamento elaborará una aplicación informática para que las Comunidades Autónomas recaben datos e información de los solicitantes a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.

Durante el encuentro, la ministra de Vivienda ha propuesto que el sistema de concesión de ayudas tenga una revisión anual para evitar posibles casos de fraude.