El 'caso de las cesiones de crédito'

¿Qué son las 'cesiones de crédito'? - Permitían evitar el pago de las retenciones a Hacienda

Se trata de una modalidad de inversión, desarrollada por el grupo Santander, mediante la cual el banco traspasaba a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos. De esta forma, ofrecía la posibilidad de eludir el pago de las retenciones a Hacienda equivalentes al 25% del capital invertido.

¿Cuándo se produjeron los hechos? - El Santander comercializó este producto entre los años 1987 y 1991

El grupo Santander comercializó este producto entre 1987 y 1991. Sin embargo, la Audiencia Nacional sólo juzgará los delitos ocurridos durante 1989 ya que el resto del tiempo "sólo cabe hablar de un encubrimiento atípico, consecuencias administrativas, pero no penales".

¿Quiénes son los acusados? - La Audiencia juzgará a Botín y a otros tres ex directivos

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, el ex jefe de la Asesoría Jurídica José Ignacio Uclés, el antiguo consejero Rodrigo Echenique, y el ex jefe central contable Ricardo Alonso Clavel.

¿Cuál es motivo de la acusación? - Se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial

Las miles de operaciones realizadas por el banco con este producto, que reportaron a la entidad unos 430.000 millones de pesetas, supusieron un perjuicio a Hacienda estimado en 145.120 millones de pesetas. Aunque esta deuda fue saldada por el banco, se descubrieron irregularidades en 9.566 de estas operaciones, consistentes en el cambio de titularidad del cliente con el objetivo de ‘encubrirles’ frente a Hacienda. Por este motivo, no sólo los clientes están incurriendo en un delito fiscal, sino también el banco en cuestión.

El proceso judicial - La batalla legal se remonta a 1992

• El caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad se inició en 1992, después de que el entonces juez central número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras Caballero, admitiera a trámite una querella presentada por José María Ruiz-Mateos contra los administradores miembros del Consejo de Administración del Banco de Santander, SA por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y delito contra la Hacienda Pública. Ello llevó a Botín a declarar ante el juez Moreiras en la Audiencia Nacional.

• En abril de 1997, el fiscal Jesús Santos elabora un informe que demuestra que el Santander ha ocultado la titularidad de los suscriptores del producto, mediante identidades falsas o de personas fallecidas. El fiscal propone imputar a Botín, Echenique y toda la comisión ejecutiva del banco. En junio, el caso es asumido por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño, quien decide retirar la acusación.

• El 28 de junio de 2002, la juez Palacios desestimó el recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño, viendo indicios de culpabilidad en la actuación de la cúpula del Santander y dejando abierta la vía para un juicio oral. La juez imputa al presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín, y a otros cuatro altos directivos 138 delitos fiscales.

• En julio de 2002 , el SCH impugna el auto y pide sobreseer esta causa judicial.

• En abril de 2003, el fiscal y el abogado del Estado se unen a los abogados del presidente del SCH para pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archive el caso, alegando que Botín y los ex directivos no tuvieron que ver con los delitos cometidos con este producto financiero.

• El 24 de junio de 2003 la Audiencia Nacional da luz verde para que la juez Teresa Palacios abra el juicio oral contra el presidente del SCH y varios ex directivos de la entidad, aunque rebaja de 138 a 38 los delitos fiscales cometidos al comercializar las cesiones de crédito.

• El 6 de octubre de 2004 la juez Teresa Palacios emite un auto, contra el que no cabe recurso, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Botín, el ex consejero Rodrigo Echenique, así como a los directivos José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, a los que reclama una responsabilidad conjunta de 84,9 millones.