El chivo expiatorio de las 35 horas
Culpan a la reducción de la jornada laboral del incumplimiento francés del Pacto de Estabilidad
La implantación de la jornada laboral de 35 horas permitió crear 300.000 empleos en Francia entre 1997 y 2001. Para valorar si esto es mucho o poco, hay que fiarlo a las fuentes: representó exactamente el 18% del total del empleo creado en ese periodo, según el Instituto Francés de Estadística. Más difícil resulta precisar cuál ha sido el coste económico de la medida: "No lo sabemos", contesta Michel Devilliers, jefe de coyuntura de dicha institución.
Frente a la prudencia de los técnicos, una parte del Gobierno de París parece tenerlo mucho más claro. Este sector ha culpado directamente a las 35 horas de que Francia haya incumplido el Pacto de Estabilidad europeo y se encuentre amenazada de sanción por parte de la Comisión Europea a causa del exceso de déficit público.
Según el ministro francés del Presupuesto, Alain Lambert, la jornada laboral en vigor cuesta unos 15.000 millones de euros al año, lo cual equivale aproximadamente a un punto del producto interior bruto (PIB). Si este cálculo fuera correcto, la abolición de la medida permitiría a Francia, efectivamente, formar parte de los buenos alumnos de la clase europea; es decir, de los que mantienen el déficit público como máximo en el 3% del PIB. Hay que recordar que el Gobierno de París estima que su país terminará el ejercicio con un déficit del 4%.
Costes discutibles
No se conocen los detalles del proceso de reflexión que han llevado al ministro a esa conclusión, pero en su entorno se alude a la estimación del coste que supone para el Estado el descuento de cargas sociales y demás compensaciones que se hacen a los empresarios como contraprestación por aplicar las 35 horas en los centros de trabajo.
Nadie duda del carácter "nefasto" de las 35 horas en el seno de la derecha francesa, pero nadie está muy seguro del coste. Frente a los 15.000 millones de euros apuntados por el ministro del Presupuesto, otro de sus colegas habló hasta de 35.000 millones por año.
Diputados de izquierda prefieren destacar la creación de nuevos empleos atribuida a esa medida y los 4.000 millones de euros aportados por éstos en forma de cotizaciones a la Seguridad Social.
La polémica política sobre las 35 horas se plantea en Francia por segunda vez en menos de un año. Después de ganar las elecciones presidenciales y legislativas de 2002, la nueva mayoría de derechas promovió una ley que permitió "flexibilizar" la aplicación de las 35 horas, aplazando la incorporación de las pequeñas empresas a este sistema y autorizando a todos un bloque anual de 180 horas extraordinarias, sin tocar las 35 horas como jornada básica. Fue prácticamente la primera decisión del nuevo ministro de Asuntos Sociales, François Fillon, ahora un tanto desbordado por los ministros económicos, que han tomado la iniciativa en el segundo intento de revisar la jornada laboral.
Según informaciones de los sindicatos, no desmentidas por el Ejecutivo, prácticamente no hay demandas de las empresas para alargar otra vez la jornada de trabajo. Las que cuentan con más de 200 trabajadores han realizado un costoso esfuerzo de adaptación y el 90% de ellas ha organizado los ritmos de trabajo de acuerdo con la norma de las 35 horas. En las medianas y pequeñas, el porcentaje de entidades que aplican esa jornada es menor, y la ley de Fillon les vino bien para no seguir entrando en la rueda de las 35 horas. El Gobierno esperaba con ello que los sectores más dinámicos de la actividad económica alargaran la jornada, pero las empresas no lo han necesitado, en el contexto de crisis económica que vive el país.
Por ejemplo, el grupo Peugeot-Citroën pasó al régimen de 35 horas en 1999 y no lo ha cambiado. Su dirección asegura que las 35 horas no les ha traído nada bueno, porque la transformación se hizo sin rebajar los salarios, lo cual ha implicado un aumento del coste del trabajo, aunque compensado en parte por una organización laboral distinta. Su presidente, Jean-Martin Folz, ya anunció a finales de 2002 que el grupo no iba a cambiar su modo de funcionamiento en función de las nuevas posibilidades de aplicación "flexible".
Los datos del Instituto de Estadística confirman que la reducción del tiempo de trabajo ha obligado a reorganizaciones importantes en el seno de las empresas.
Los sindicatos y la izquierda alegan estos argumentos para defender el mantenimiento de las 35 horas. Cuentan también con el impacto psicológico negativo que supone el aumento del paro: como consecuencia de una cascada de despidos colectivos, cierres de empresas y de la falta de contrataciones, la tasa de paro alcanzará el 9,9% a finales de año, siempre según el Instituto de Estadística. El dato supone un punto más de desempleo que en la etapa final del Gobierno de Lionel Jospin, que introdujo la polémica ley de las 35 horas.
Por supuesto, no han terminado las discusiones acerca de si el empleo creado en tiempos de la izquierda lo fue por la reducción de jornada -con la consiguiente necesidad de realizar nuevas contrataciones- o por efecto natural de una buena coyuntura económica.
El socialismo cierra filas
En todo caso, el Partido Socialista ha decidido cerrar filas en defensa de las 35 horas. Su primer secretario, François Hollande, presenta esa duración de la jornada laboral como una conquista social irrenunciable. Y la ex ministra de Asuntos Sociales, Martine Aubry, que lleva una discreta vida política como alcaldesa de Lille, ha salido de ese plano oscuro para defender personalmente la medida. La izquierda puede sentirse "orgullosa de esta reforma", asegura Aubry a los espíritus dubitativos que se albergan en sus propias filas.
La "dama de las 35 horas" asegura que "los franceses hablan hoy de sus reducciones del tiempo de trabajo (RTT) como hablaban ayer de las vacaciones pagadas", es decir, como un hecho integrado en las vidas cotidianas y sin marcha atrás.
