Las constructoras pronostican quiebras y 615.000 parados más por el recorte inversor
El sector pide al Gobierno un plan de reestructuración similar al de la banca
En una imagen poco habitual, los líderes de las cinco asociaciones patronales de la construcción se han reunido esta mañana para emitir un diagnóstico común: el plan de ajuste anunciado por el Ministerio de Fomento el pasado día 22 tendrá unas repercusiones devastadoras para el sector y para la economía española.
Los empresarios subrayan que por cada millón de euros invertidos en infraestructuras, el Estado recupera 570.000 por ingresos fiscales. Y que cada millón de euros que se deja de invertir supone la destrucción de 18 puestos de trabajo. Si sumamos estos dos efectos los responsables de la Confederación Nacional de la Construcción y las cuatro patronales asociadas -Seopan, Anci, Aerco y Cepco- pronostican un repunte del desempleo de 115.000 personas.
Pero esto no es todo. David Taguas, presidente de Seopan (organización que engloba a las grandes constructoras) señala que el recorte inversor aprobado en enero ya supuso la destrucción de medio millón de puestos de trabajo. "Si no se recupera parte del PEIT [Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte], va a ser un desastre absoluto para el sector", señala Taguas, antiguo director de la Oficina Económica del presidente Zapatero.
Más quiebras
Además, las constructoras señalan que si Fomento no paga en lo que queda del año, sufrirán una merma de ingresos que llevará a muchas de ellas a "situaciones concursales que pueden acabar en quiebras provocadas por la actuación del Gobierno". Y auguran una pronta reorganización del sector, que sufre un claro exceso de compañías.
Por ello, los empresarios reclaman que no se reduzca el gasto inversor y señalan que existen "yacimientos de gasto improductivo" que podrían compensar esta reducción. Aunque de forma oficial prefieren no detallar qué otras partidas se podrían recortar.
El plan de reestructuración debería incluir, según el documento de las patronales, ayudas fiscales y crediticias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la misma línea que las concedidas a otros sectores como la banca, las cajas de ahorros, el automóvil o la siderurgia.
