La crisis de Martinsa-Fadesa deja en el aire las casas de 12.500 familias

Martinsa-Fadesa hizo crac el lunes, ahogada por las deudas, y su derrumbe apuntala la sensación generalizada de crisis económica. Pero, para muchos, la mayor suspensión de pagos de la historia de España es ya un temor íntimo, que alimenta la angustia de miles de familias que han comprado casas de la promotora. Y de miles de trabajadores, que aguardan un parón en las obras.

Saber cuántos compradores pueden verse afectados por el concurso de acreedores -la inmobiliaria lo presentó ayer en un juzgado de A Coruña-, no será tarea sencilla hasta que la administración concursal arroje luz sobre las cuentas de la empresa. Pero hay un dato que sirve de referencia: hasta marzo, Martinsa-Fadesa acumulaba 12.578 contratos de preventas, en los que particulares han aportado dinero como adelanto de la escritura definitiva a la entrega de la casa.

Según la memoria anual de la firma, la mitad de esas familias que han comprado casas por entregar son españolas o portuguesas. El resto corresponde a promociones en Francia, Marruecos y países de Europa del Este. La inmobiliaria insistió ayer en que cumplirá los contratos y acabará las viviendas. Pero ése es un compromiso que los administradores concursales tendrán que revisar en función de la maltrecha capacidad de Martinsa-Fadesa para hacer frente a deudas que suman 5.200 millones de euros.

"Una de las prioridades de los administradores judiciales debe ser llevar a buen término las obras que estén en ejecución", recordó la portavoz de la OCU, Ileana Izvernizeanu. Otras asociaciones de consumidores señalaron que la ley exige que la inmobiliaria presente avales por las cantidades de dinero adelantadas. Y que, en caso de que no se entregue la vivienda, se ejecutarían para devolver el adelanto, más el 6% de interés anual.

Las asociaciones de consumidores recomendaron que no se deje de pagar los anticipos comprometidos para no perder derechos. Pero para las familias el peor enemigo es el tiempo. Y las hipotecas que pesan sobre casi todos los activos de Martinsa-Fadesa. Dada la falta de liquidez, los administradores pueden decidir vender suelos o promociones de la inmobiliaria. Pero, además de ser una operación muy díficil ahora que el mercado está parado, el dinero conseguido por bienes hipotecados iría directamente a los acreedores, y no podría destinarse a la finalización de viviendas.

Martinsa-Fadesa sostiene que las obras siguen, pero hasta que la administración concursal no resuelva cómo pagar a los proveedores, las paralizaciones caerán como fruta madura. Por lo pronto, la crisis está a punto de cobrarse el puesto de 234 empleados, incluidos en el expediente de regulación de empleo que Martinsa-Fadesa presentó ayer ante el Ministerio de Trabajo.

La inmobiliaria pretende eliminar esos puestos -más de una cuarta parte de la plantilla-, mediante despidos directos (no hay prejubilaciones o bajas incentivadas), indemnizados con 25 días por año trabajado. Los sindicatos creen ridícula esa propuesta, que supera en sólo cinco días el despido por causas económicas y se aleja de los 45 días por año ordinarios del despido improcedente.

El expediente ya está en manos del Ministerio de Trabajo, que aún no está seguro de si tiene competencias para resolverlo. La duda estriba en si, una vez presentado el concurso de acreedores, su decisión se solapa o no con las que adopte el juez.

UGT apuesta por llegar a un acuerdo con la empresa cuanto antes y evitar así que los trabajadores se conviertan en acreedores dentro del largo proceso concursal. Los sindicatos piden un plan de viabilidad que garantice el futuro de Martinsa-Fadesa. Y advierten de que los obreros de las subcontratas (2.500, según sus cálculos) y los autónomos serán las próximas víctimas en el flanco laboral de esta crisis.