La deuda de las comunidades bate otro récord al subir un 33% en un año

Contra viento y marea, el Gobierno insiste en que el déficit público, tras una escalada vertiginosa, se quedará este año por debajo del 10% del PIB. Casi sin excepciones, analistas y servicios de estudios dan por hecho que se equivocará, sobre todo en lo que respecta a la Administración autónoma. Los expertos creen que las comunidades rebasarán ampliamente la previsión de déficit (-1,5% del PIB) que les adjudica el Gobierno para este año. Y la acumulación de deuda pública parece darles la razón. Según los datos difundidos ayer por el Banco de España, la deuda en circulación emitida por Gobiernos autónomos llega ya el 7,9% del PIB, un nivel nunca alcanzado antes.

Como viene siendo habitual desde hace una década, la Comunidad Valenciana es la Administración autonómica con un mayor nivel de deuda pública (14,1% del PIB regional), seguida por Baleares (12,3%) y Cataluña (12,1%). El País Vasco se mantiene como la comunidad con menor proporción de la deuda (2,5%), pese a haberla más que triplicado en el último año. En cuanto a las corporaciones locales, suman una deuda equivalente al 3,3% del PIB, aún lejos del 4% que alcanzaron en 1995. El Ayuntamiento de Madrid es, de largo, el más endeudado, con una quinta parte de la deuda que acumulan los entes locales.

Comunidad Valenciana es la que soporta mayor carga

El pasivo de País Vasco se ha más que triplicado desde 2008

La evolución de la deuda corre en paralelo al déficit: cuando los ingresos no cubren los gastos, las administraciones colocan títulos en los mercados para lograr financiación. Y los datos dan fe de lo activas que han sido las comunidades. El nivel de deuda acumulada ha pasado de rozar los 63.000 millones de euros (tercer trimestre de 2008) a quedarse ahora cerca de los 84.000 millones, un 33,3% más que hace un año.

El ritmo de incremento de la deuda es incluso superior al del Gobierno (un 32% más en el mismo periodo). El salto dado por el Ejecutivo central es también notable (su deuda viva ha pasado de suponer el 28% al 38,5% del PIB en un año). Y la deuda conjunta de todas las Administraciones del Estado roza ya el 50% del PIB.

En el caso de la deuda emitida por el Gobierno, la relación con la crisis es casi automática. Los Presupuestos del Estado soportan en solitario el alza de las prestaciones por desempleo y sufren en primera línea el bajonazo de la recaudación (los ingresos tributarios caerán en 2009 un 24% respecto a lo presupuestado). Además, ha asumido casi todas las medidas anticrisis, que repercuten en más gasto. La explicación del vertiginoso aumento de la deuda pública emitida por las comunidades no es tan inmediata.

Las comunidades han encajado también el brusco descenso de ingresos en los impuestos que gravan la actividad inmobiliaria, en muchos casos de competencia exclusiva. Pero la participación de ingresos de los grandes impuestos (IRPF, IVA, sociedades) no se ha visto afectada todavía (reciben lo presupuestado) y el Gobierno, además, ya hizo efectivo gran parte del aumento de recursos (8.000 de los 11.700 millones) previsto en el nuevo sistema de financiación autonómica.

Del lado de los gastos, no hay tampoco una partida cautiva de la crisis, como es el caso del pago de prestaciones por desempleo, ni ha habido un incremento de competencias significativo. En su descargo, las comunidades insisten en que están infrafinanciadas y por eso deben tirar de deuda pública: la evolución de Baleares (la deuda ha subido del 3,3% al 12,3% del PIB en una década), sería un buen botón de muestra.

La tendencia no remite, sino más bien al contrario: cuatro comunidades vulneran ya en sus presupuestos el 2,75% de déficit acordado para 2010 y otras cinco se quedan al borde. Una evolución que no pasa inadvertida a las agencias de calificación: sólo esta semana, Fitch ha dado un aviso general sobre las finanzas autonómicas y Moody's ha bajado la nota a Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana.