La empresas deberán pagar a sus proveedores en un máximo de 60 días

Hoy entra en vigor la Ley de Morosidad. La nueva normativa fija un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, no permitiendo negociar la posibilidad de establecer plazos mayores. Aunque estos no serán definitivos hasta 2013, ya que se recoge un periodo de adaptación de dos años. La medida, especialmente en lo que se refiere a las administraciones, era muy reclamada por los empresarios, sobre todo por las pymes, que han visto como la dilatación de los tiempos de cobro a raiz de la crisis estrangulaba sus cuentas.

La norma, que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga al Gobierno a abrir a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo destinado a los ayuntamientos para que puedan afrontar las deudas contraídas con empresas y autónomos. El sector público podrá liquidar sus deudas a 50 días a lo largo de este año, 50 también para 2011, 45 para 2012 y 30 a partir de enero de 2013.

A las compañías privadas se les permite que paguen a lo largo de 2011 en un plazo máximo de 85 días, de 75 en 2012 y ya de 60 días a partir del año siguiente. Dentro de estos límites no entrarán las empresas del sector de la alimentación y productos perecederos, que estarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos.

Hay dos sectores que contarán con cierta bula, en concreto el de la construcción y el editorial. El primero podrá pagar a 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011 para rebajarlo a 90 días en 2011 y fijarlo ya en 60 para 2013. El segundo contará con un "régimen especial" de pagos debido a sus "especiales circunstancias" en relación a los ciclos de explotación que el Gobierno podrá fijar libremente según se recoge en la ley.