El examen del ajuste
Tres equipos técnicos de la Comisión Europea (CE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE) iniciaron ayer en Lisboa la primera evaluación trimestral de la buena conducta de Portugal. Se trata de comprobar durante dos semanas hasta qué punto el Gobierno de centroderecha de Pedro Passos Coelho ha cumplido durante mayo, junio y julio las severas medidas de austeridad para poner en orden las cuentas públicas. Son las reglas del juego. Portugal tiene que demostrar que es capaz de aplicar los próximos tres años el programa pactado con la troika internacional, a cambio de un rescate financiero de 78.000 millones de euros. Para comprobarlo, los prestamistas internacionales pasan revista cada tres meses.
Según el Banco de Portugal, de las 21 medidas previstas, el Gobierno ha aplicado el 64%, está en marcha el 8% y el 28% está por ejecutar. Buena parte de estas medidas tiene que ver con el sistema financiero y una detallada radiografía del estado de las cuentas públicas. Ya es un hecho la eliminación de los derechos especiales (la acción de oro) que el Estado mantenía en algunas empresas. También es una realidad la entrada en el Parlamento de una propuesta para modificar la legislación laboral para abaratar el despido.
Este mes, el Gobierno afronta además algunas medidas de gran calado. Entre ellas, límites más estrictos de endeudamiento de las empresas públicas, y un plan de recorte del 15% en los gastos de dichas empresas. También para este mes está prevista una evaluación de la viabilidad de unos 20 proyectos de obras públicas de financiación público-privada, para decidir su aprobación o su cancelación. Entre dichos proyectos destaca el tren de alta velocidad Lisboa-Madrid, que está suspendido.
