Las firmas que aplazan cuotas sociales solo destruyen un 4% de empleo

Entre los instrumentos a los que ha recurrido el Ministerio de Trabajo para tratar de frenar la incontenible, hasta el momento, destrucción de empleo, están los aplazamientos en los pagos de las cotizaciones sociales. Hasta septiembre, la Seguridad Social concedió 77.370. Estos retrasos consentidos sirvieron para mantener el 96% del empleo en las plantillas de las empresas que han solicitado estos aplazamientos.

Según un estudio elaborado por la Tesorería del instituto público al que ha tenido acceso este diario, el 27,9% de las compañías a las que se les permitió demorarse en los pagos de las cuotas pendientes acabó por destruir empleo. Una cifra similar, el 27,1%, aumentó plantilla. El resto mantuvo sin modificaciones el número de empleados.

El 90% de las empresas que retrasan el pago sobreviven

Desde que comenzó la crisis, los aplazamientos a la Seguridad Social no han dejado de crecer. Entre 2008 y 2010, cuando se concedieron 103.544, casi se han duplicado. De hecho, y en previsión de esta avalancha de retrasos, para que el instituto público no tuviera problemas de liquidez no se han ingresado todavía unos 6.000 millones de euros correspondientes a los excedentes de 2008.

En los nueve primeros meses de este año la tendencia de los dos ejercicios anteriores se ha invertido. De mantenerse el ritmo observado hasta septiembre, se reducirá tanto el número de aplazamientos concedidos este año como el importe total al que ascienden (1.340 millones de euros en los nueve primeros meses). No obstante, viendo la evolución de la economía española e internacional en los últimos meses, no sería extraño que estas cifras empeorasen hasta final de año.

Para saber de la efectividad de esta política, pactada con sindicatos y empresarios, la Seguridad Social, cuyo secretario de Estado es Octavio Granado, lleva varios meses elaborando un estudio que le permita saber si ayuda a mantener empleo. La metodología que sigue es la selección de una muestra de unas 5.200 empresas que suman en sus plantillas 85.000 trabajadores en el momento de que lograr el aplazamiento, cifra que se reduce en un 4,09%.

Por comunidades, donde más reduce el empleo después de concedido el retraso es en Murcia, un 16,88%, y en Castilla-La Mancha, un 7,34%. En cambio, hay regiones donde las empresas han aumentado plantilla pese a deber dinero al instituto público, en un porcentaje mucho menor. Este hecho ha impactado más en Asturias (2,57%) y Cantabria (1,41%).

¿Qué habría pasado de no concederse estos aplazamientos? La pregunta no tiene respuesta o, en el mejor de los casos, no sería más que un ejercicio de realidad virtual, admiten desde la propia Seguridad Social.

Otra de las conclusiones del estudio, de 18 páginas, es la mortalidad empresarial entre aquellas firmas a las que se les concede un aplazamiento, el 9,5%. Esta cifra guarda una relación muy estrecha con el tamaño de las empresas. Cuanto más pequeña es, aumentan las posibilidades de que la compañía no supere las dificultades económicas. De hecho, un 91,7% de las compañías que no han sobrevivido después de concedida la demora contaban con menos de 10 trabajadores.

Para conceder un aplazamiento la Seguridad Social exige garantías de pago futuro a quien lo solicita cuando el importe supera los 30.000 euros. El 95% de las demoras concedidas no superan esta cantidad. Sin embargo, cuando se llega al impago en estas situaciones, el instituto público actúa contra los bienes de los administradores de las firmas.