Cuentas públicas: el estado de la cuestión
Dentro de algunos días, el Gobierno remitirá a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (Estado en sentido estricto, Seguridad Social y sus organismos) para 2010. En su día, como es habitual, comentaremos las líneas generales de los mismos, pero creo conveniente comenzar por exponer el estado de la situación de las cuentas públicas. Los gráficos adjuntos dan cuenta a grandes rasgos de su tendencia. Para el conjunto de las administraciones públicas partíamos de un superávit histórico del 2,2% del PIB en 2007 y este año podemos terminar con un déficit superior al 10%, notablemente peor que las estimaciones (tremendistas para algunos) que hacíamos en esta página hace meses. El propio Gobierno se ha dado cuenta -algo tarde, la verdad- de lo peligroso de dejar que el déficit se vaya de las manos y, aparte de anunciar una cierta austeridad en los presupuestos, también ha anunciado subidas de impuestos por una cantidad importante, unos 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB. ¿A qué obedece este rápido e insostenible deterioro de las cuentas públicas?
El sistema fiscal sólo es capaz de finanzar el 80% del nivel de gasto público estructural actual
La tarea es titánica si sólo la lleva a cabo el Gobierno central. Hay que replantear todo el sistema
Puede pensarse que la causa es la manirrota política de gasto de los Gobiernos -en plural, pues la responsabilidad del gasto está muy repartida en España entre el Gobierno central, las autonomías y los municipios-, pero ello no explica más que una parte de este enorme déficit. De los más de 12 puntos del PIB en que se habrá deteriorado el saldo de las cuentas públicas entre 2007 y 2009, la mitad se debe a la actuación de los estabilizadores automáticos. Es decir, no es responsabilidad de los Gobiernos. Aquí debe anotarse un efecto del que apenas se habla, el aumento de la ocultación fiscal, difícil de calcular con precisión, pero que entre 2008 y 2009 puede rondar los dos puntos porcentuales del PIB. La otra mitad del deterioro es la que podemos atribuir a la actuación de los Gobiernos. El Gobierno central ha llevado a cabo disminuciones de impuestos y otras facilidades impositivas, y éste, y sobre todo las comunidades autónomas y los municipios, han aumentado sus gastos notablemente por encima del crecimiento tendencial del PIB a largo plazo, lo que supone un aumento estructural, no cíclico, del gasto en relación al PIB. Cabe matizar que no todo el aumento estructural del déficit es permanente, pues muchas de las medidas tomadas tienen una duración temporal limitada (por ejemplo, el Plan E).
En definitiva, dentro de los márgenes con que hay que valorar todos estos cálculos, puede concluirse que al menos cuatro puntos de la variación del déficit en los dos últimos años son de naturaleza estructural permanente, a lo que habría que añadir el aumento del fraude, que en gran parte, al menos por unos cuantos años, también puede considerarse estructural. Esto es lo preocupante, sobre todo porque en 2007, a pesar de que las cuentas lucían superávit, se debía enteramente a factores cíclicos. El saldo estructural -el que según las leyes de estabilidad presupuestaria vigentes hay que mantener a cero- era deficitario en dos o tres puntos porcentuales del PIB. Como consecuencia, el nivel de déficit estructural actual puede situarse entre seis y ocho puntos del PIB. Esto significa que, una vez ajustados los factores cíclicos, el sistema fiscal no es capaz de financiar más que el 80% del nivel de gasto público estructural actual. Obviamente, una situación insostenible de las cuentas públicas.
Otro problema es que, mientras la economía crezca por debajo de su tendencia de largo plazo (lo que puede durar hasta 2012), el componente cíclico del déficit va a ir a más, a lo que habrá que añadir el aumento de la carga de intereses debido a una deuda que crece rápidamente y a unos tipos de interés que previsiblemente serán superiores a los actuales. Así que, si las autoridades no hacen nada, el déficit y la deuda pueden irse a niveles estratosféricos. Se entiende que el Gobierno central, con buen criterio, haya decidido frenar esta escalada y empiece a reducir la parte estructural del déficit moderando el gasto y aumentando los impuestos. La cuestión es que esta tarea es titánica si sólo la lleva a cabo el Gobierno central. Además, requiere replantearse todo el sistema fiscal y el nivel y la estructura del gasto público actual. Para ello hace falta un consenso institucional, y entre las fuerzas políticas y establecer, un plan meditado y creíble a medio plazo.
Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
