Mejor asiáticos que árabes

Se equivocaron los cuatro palestinos que abrieron las puertas del coche, aún en marcha, y que se apretujaron en el asiento trasero. Alguno más pugnó por entrar a trompicones. "Hapoalim, hapoalim" (trabajadores, en hebreo), gritaban a este sorprendido corresponsal y al colega que conducía. Junto a la calle jerosolimitana -Road number one o Engineering corps- que separa la mitad árabe de la judía y que fue frontera hasta 1967 -sigue siéndolo, ahora invisible-, el malentendido se aclara. Los extranjeros no son pequeños empresarios o propietarios israelíes de granjas que cada mañana se acercan a esa esquina para acarrear mano de obra barata, sin necesidad de firmar contratos. Piden excusas y descienden del vehículo los buscadores de jornal, ciudadanos árabes que en teoría cuentan con los mismos derechos laborales que los israelíes.

Sólo sobre el papel. Porque si estos trabajadores eventuales carecen de toda protección legal, otras argucias permiten abaratar costes incluso a las autoridades municipales de las colonias en la Cisjordania ocupada. Es el caso de 80 empleados de limpieza del asentamiento de Maale Adumim, beduinos que fueron expulsados de las tierras donde se levantó el enorme asentamiento y a quienes se aplica la ley jordana de 1965, pero no las reformas de años posteriores. No disfrutan, claro está, de los beneficios que otorga la legislación israelí: fondos de pensiones, ciertos gastos de viaje, recursos para educación...

Mucho peor es para los 30.000 trabajadores extranjeros del campo -en gran medida tailandeses, algunos nepalíes y súbditos de Sri Lanka- que uno se puede topar en los invernaderos de las colonias judías o arrancando hortalizas y frutas en esa tierra que ningún civil puede pisar entre el norte de la Galilea israelí y Líbano, más allá de las vallas metálicas vigiladas por el Ejército. El informe difundido el miércoles por la ONG israelí Kav LaOved pinta un panorama cercano al esclavismo. Sólo el retorno a casa supone su manumisión.

El 90% de los labradores aseguran exceder su jornada laboral (43 horas semanales) sin cobrar horas extra. El 70% de ellos percibe un salario por debajo del mínimo legal (690 euros mensuales). Ya habían abonado 1.500 euros a los intermediarios en Tailandia e Israel para tramitar sus visados y poder acceder al penoso trabajo en los cultivos. Al margen de que viven en condiciones miserables, los empresarios a menudo les niegan las vacaciones y les retienen sus pasaportes. Una denuncia frecuente: el pago de los sueldos se pospone a veces durante meses, y en ocasiones los cheques se remiten a sus países de origen sin conocimiento del empleado.

Obviamente, poco ruido montan los dóciles tailandeses. Más alzan su voz los árabes-israelíes, ciudadanos discriminados que son mal vistos por los patronos israelíes y las instancias oficiales. En enero, el Ministerio de Agricultura, dirigido por un laborista, aprobó la contratación de 3.000 campesinos extranjeros. Aunque 1.168 mujeres árabes con ciudadanía israelí se habían ofrecido para acudir a los campos, la petición, tras farragosos envíos de correspondencia, fue ignorada. Sólo ocho fueron agraciadas.