PAC: ajuste, no revolución
El actual volumen de los pagos a la explotación apenas experimentará cambios
La Comisión Europea y los países miembros de la UE han iniciado oficialmente los debates sobre la propuesta para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que deberá entrar en vigor en enero de 2014. La aprobación de los correspondientes reglamentos se producirá en la primavera de 2013, cuando se hayan definido también las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.
De la propuesta oficial para la reforma podrían destacarse las siguientes cuestiones:
-Presupuestos. Para el conjunto de la PAC, se proponen unos recursos de 317.200 millones de euros para pagos directos y apoyo a los mercados, junto a otros 101.200 millones para desarrollo rural. Se contemplan además 2.500 millones para seguridad alimentaria, 3.900 para situaciones de crisis generales en los mercados, 5.100 millones para innovación y 2.800 millones para apoyar los posibles riesgos de los mercados ante acuerdos con terceros países como Mercosur. Se trata de unos recursos similares a los asignados para 2013.
El acercamiento no supondrá que cobren igual secanos y regadíos
España mantiene unos fondos casi iguales a los percibidos en 2011
Para España, la propuesta maneja un sobre nacional que oscila entre los 4.935 y los 5.000 millones de euros al año, a los que se sumarían más de 330 millones como ayudas para Canarias (Posei) y para el algodón, a razón de 1.291 euros por hectárea para una superficie de 48.000 hectáreas.
-Cambio de modelo. Es la novedad más importante de la propuesta de reforma. Hasta la fecha, la asignación de los pagos se basaba en los rendimientos históricos de las explotaciones entre los años 2000 y 2002 o en el número de cabezas de ganado. Es un modelo que benefició a unos y perjudicó a otros. Su principal desventaja es que se ha quedado viejo, al tomar como referencia los datos de hace una década. En el futuro, de acuerdo con ese sobre nacional que recibirá España se asignarán derechos por hectárea. España tiene una superficie elegible de 24,5 millones de hectáreas, pero solamente 16 millones de derechos. En el caso de cabañas ganaderas que hoy reciben ayudas pero que carecen de base territorial existe la posibilidad de dar ayudas acopladas.
-Redistribución de fondos. Es la parte más polémica y compleja a la hora de aplicar la reforma, que va ligada al cambio de modelo y que contempla la aproximación progresiva de las ayudas por hectárea hasta el año 2019
En el futuro, la nómina de las ayudas por hectárea tendrá un triple componente: habrá una parte fija o pago base, un segundo concepto variable en función de la ubicación de tierra, si pertenece a un joven o pequeño agricultor o si cumple las exigencias de la política verde, y un tercer componente variable que iría en aumento si hoy cobra menos de la media y con recortes si su ayuda actual supera esa media regional.
Bruselas pretende acercar el montante de las ayudas por hectárea, pero no que sean iguales en todo un país, sino según una política de regionalización. Si España fuera un país con un sector agrario uniforme, todo prados, por ejemplo, se podría optar por considerarlo una sola región Pero no es el caso, dada la gran diversidad de su agricultura. Por ese motivo, Bruselas deja abierta a cada Estado la posibilidad de dividir el país por regiones con criterios objetivos y no discriminatorios. Ello supone la posibilidad de hacerlo por comunidades autónomas, pero también por comarcas agronómicas uniformes. En España hay más de 300 comarcas. Se podría hacer también esa regionalización por cultivos, por tierras de secano, por superficies de regadíos, etcétera, siempre con criterios de uniformidad. Eso se traduciría en una ayuda base igual en cada región y solo en ese marco de agriculturas uniformes habría un acercamiento de los pagos por hectárea hacia su equiparación.
-Priorizar los pagos. Bruselas considera que los agricultores activos deben ser los perceptores prioritarios de las ayudas comunitarias. La propuesta señala que serán activos quienes, de sus ingresos totales, más del 5% sean ayudas comunitarias. Igualmente serán activos quienes ejerzan la actividad agraria de acuerdo con el buen hacer de cada zona. Además, se considerarán activos aquellos que cobren menos de 5.000 euros de ayudas.
Otras medidas para favorecer a los profesionales es la modulación de las ayudas, recortando las mismas en un 20% entre los 150.000 y los 200.000 euros, del 40% entre los 200.000 y los 250.000 euros, del 70% entre los 250.000 y los 300.000 euros y del 100% para más de 300.000 euros, deducidas las cotizaciones pagadas por los trabajadores de una explotación. Igualmente, un Estado puede eliminar los pagos menores a 100 euros y una hectárea. España puede elevar ese techo hasta 300 euros y dos hectáreas.
Todos los países tienen la posibilidad de destinar hasta un 2% del sobre a apoyar a los jóvenes, hasta el 10% para los pequeños agricultores, el 5% para zonas desfavorecidas y hasta el 10% para pagos acoplados para sectores con dificultades.
-Política verde. El 30% del sobre nacional se debe destinar a pagar solo a los agricultores que cumplan las exigencias de la política verde. Una explotación deberá tener al menos tres cultivos: el principal no debe superar el 70% de la superficie y los demás, un mínimo del 5%. Además, deben dejar el 7% de la tierra para fines medioambientales y mantener los prados en el caso de las explotaciones ganaderas.
-Mercados. No mejora los mecanismos de regulación.
-Cuotas. Impone la eliminación de cuotas de leche y azúcar y derechos en el viñedo en el año 2015.
Las elecciones tiñen la reforma
La propuesta para la reforma de la PAC ha sido radicalmente rechazada tanto por el conjunto de las Administraciones -central y autonómicas- como por la totalidad del sector, que la consideran un atentado contra actividad productiva y el modelo de agricultura nacional. En el Gobierno, a la cabeza de la oposición más dura ha estado la ministra Rosa Aguilar, que en junio la calificaba de positiva, en septiembre la criticaba por insuficiente y en octubre la tachaba de inaceptable.
Frente a las críticas a la totalidad, no se trata de una propuesta para lanzar las campanas al vuelo, pero tampoco un cataclismo para el sector agrario o un atentado contra la política productiva. Sí supone un cambio en el modelo para asignar las ayudas, pero es uno más de los aprobados en las últimas décadas.
La propuesta tiene puntos a mejorar, como la definición de agricultores "activos", ya que abre la puerta a que cobren ayudas no solo los actuales 950.000 perceptores, sino otras docenas de miles más. No prioriza a los profesionales. Deben cambiar, porque además son de imposible cumplimiento en zonas de monocultivo las exigencias para cobrar la prima de verdeo, el 30% del sobre nacional, al margen de que el sector ya cumple con exigencias medioambientales. En política de mercados, para España es especialmente grave seguir con el desmantelamiento de los mecanismos de regulación
La propuesta, sin embargo, mantiene a nivel comunitario los fondos de 2013 y sería un éxito que no se recortaran en las perspectivas financieras 2014-2010. No se contempla el efecto de la inflación, pero esa política de congelación la viene practicando la UE desde que hay ayudas. El sobre nacional se sitúa solo ligeramente por debajo de los 5.500 millones-año percibidos por España.
La equiparación progresiva de los pagos por hectárea en una misma región no debe suponer un trauma ni un atentado contra la actividad productiva, si se considera que ese acercamiento de las ayudas no va a suponer, por ejemplo, que cobre igual una superficie de regadío que un secano, un cereal que un erial o una dehesa. El acercamiento sería entre los pagos en los mismos tipos de superficies o cultivos en una región. Y para las explotaciones ganaderas sin tierras existe la posibilidad de pagos acoplados.
Agricultura, comunidades autónomas y sector tienen por delante la gran responsabilidad de diseñar esa política de regionalización, de definir las superficies realmente elegibles para que la reforma que se aplique no ponga en peligro el futuro del sector. La reforma está por hacer, pero fuera de campaña electoral.
