Uruguay, ¿un modelo para Grecia?

El deterioro de la situación fiscal y financiera en Grecia, con un déficit público desbocado pese a los recortes de gastos ya aprobados y con el rendimiento del bono a 10 años por encima del 16%, ha vuelto a disparar las alarmas de los mercados, en el convencimiento de que algún tipo de reestructuración de su deuda es ya inevitable. Tanto como para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea hayan creado un grupo de trabajo con el objetivo de abordar este proceso de la manera más ordenada posible, según han confirmado fuentes del sector financiero, dada la cantidad de agentes que se verían afectados por un default griego.

La falta de un marco definido dentro de la Unión Europea para abordar posibles suspensiones de pagos de los Estados miembros obliga a inventar un modelo específico para la unión monetaria o a rescatar viejos procesos de reestructuración que en su día funcionaron en países en crisis. Uno de los procesos que se examinan con más atención es el caso de Uruguay.

Atenas acumula el doble de deuda y comparte banco central con 16 países

El pequeño país latinoamericano se vio arrastrado en 2002 por la crisis que había asolado Argentina un año antes. En el verano de 2002, las autoridades uruguayas afrontaban una fuga masiva de depósitos que eran incapaces de frenar y que amenazaba con colapsar el sistema financiero y desembocar, inevitablemente, en una suspensión de pagos, como le había sucedido a su vecino del sur. De hecho, la única receta que el Fondo Monetario estaba dispuesto a extender al país era forzar esa quiebra, a la que las autoridades se oponían. La prima de riesgo entre el bono uruguayo a 10 años y el estadounidense se disparó hasta los 3.000 puntos básicos (30%) en 2002. El diferencial del bono griego con el alemán ronda en estos momentos los 1.400 puntos.

El presidente Jorge Batlle y su ministro de Finanzas, Alejandro Atchugarray, acudieron al Tesoro de EE UU en busca de ayuda y éste, en contra de la opinión del FMI, proporcionó a Uruguay una línea de crédito de 1.500 millones de dólares, que liberó a su vez distintas partidas de ayuda del Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que sirvió como garantía para los depósitos y frenó el temor a un colapso financiero.

A partir de ahí, el gobierno uruguayo estableció una negociación con los acreedores que ha sido calificado como "uno sacado del manual de soluciones voluntarias del Tesoro de EE UU y propio de Wall Street". No en vano, contó con el asesoramiento del banco de inversión Salomon Smith Barney (hoy integrado en Morgan Stanley). Después de dos semanas de entrevistas en Nueva York, Tokio y otras ciudades en todo el mundo, el plan de reestructuración de la deuda uruguaya se lanzó en abril de 2003 y se completó el 29 de mayo, con una aceptación del 93% de los acreedores. Los bonistas tenían que elegir entre un aplazamiento de los vencimientos de cinco años, mantiendo el rendimiento prometido inicialmente, u optar por un nuevo bono, más líquido, pero con menor interés. Este acuerdo redujo la carga efectiva del país sudamericano en aproximadamente un 15% y para 2004 el ritmo de crecimiento de la economía ascendía al 11%. En honor a la verdad, el proceso fue exitoso pero tampoco fácil, numerosas huelgas se sucedieron en aquellos años por las medidas adoptadas por el gobierno para proteger a la banca.

Uno de los protagonistas de aquel plan fue John B. Taylor, reconocido economista, profesor de la Universidad de Stanford y entonces subsecretario del Tesoro de EE UU para asuntos internacionales. Taylor viene explicando que una de las lecciones más importantes de aquella crisis "fue la necesidad de un marco para que los países pudieran comprometerse con sus acreedores del sector privado cuando la deuda soberana tuviera que ser reestructurada". Uruguay utilizó un mecanismo voluntario y, en última instancia, agregó nuevas cláusulas de acción colectiva en sus bonos, que dieron garantías añadidas a los inversores.

La profesora Carmen Reinhart, autora junto a Kenneth Rogoff del libro Esta vez es diferente: ocho siglos de disparates financieros, lleva meses defendiendo una solución a la uruguaya aunque con una inevitable quita de deuda, según aseguró en una reciente entrevista.

Otras fuentes del mercado también ponen como ejemplo Uruguay porque "se trata de evitar que las agencias de calificación declaren que Grecia entra en suspensión de pagos, lo que haría muy difícil que el BCE pudiera aceptar deuda griega como colateral y generaría problemas muy serios en Europa".

Una reprogramación de la deuda -de siete años, que es lo que, según fuentes financieras, están pidiendo las autoridades europeas a los bancos- "servirá para que Grecia gane tiempo para avanzar en otros ámbitos, lo más importante sin duda alcanzar un superávit primario", explican fuentes financieras. Los mayores vencimiento de deuda griega se concentran hasta 2017 [ver gráfico adjunto].

Las circunstancias de Grecia en 2011 no son las de Uruguay en 2003. El stock de deuda griega se prevé que alcance el 160% del PIB en 2012, casi el doble del que tenía Uruguay y es poco probable que, cuando vuelva a crecer, Grecia alcance crecimientos medios del 6,1% como ha hecho el país suramericano desde entonces. en el caso griego, además, las consecuencias de una suspensión de pagos recaen sobre el banco central de otros 16 países.

Zsolt Darvas, investigador del think tank con sede en Bruselas Bruegel y autor del informe "Reestructuración de deuda en Europa: ¿un demonio necesario pero manejable?" descarta que sólo una reprogramación de deuda sirva para garantizar la sostenibilidad de la deuda griega "porque a diferencia de Uruguay, la deuda de Grecia no es sostenible" y defiende un plan B, que incluya una fuerte quita en un proceso obligatorio y una batería de medidas para asegurar que el BCE siga suministrando liquidez a la banca. Del modelo uruguayo, en la práctica, queda poco.