La economía política de las pensiones
Nuestro sistema de pensiones funciona de la manera siguiente: cada año la Seguridad Social utiliza una parte de la renta laboral para pagar las pensiones. Si esta cantidad no fuera suficiente, lo que ha ocurrido en algún momento pero no ocurre hoy, el Gobierno acude a los impuestos para poner lo que falta. Las pensiones proceden por tanto de las rentas laborales generadas cada año. Por eso se llama Seguridad Social, porque dedicamos una parte de nuestro salario para garantizar unos ingresos a los que no trabajan por su edad.
Pues bien, tenemos un problema sustancial con el sistema actual de pensiones. Dentro de unos años, la parte de esa renta laboral que se van a llevar los pensionistas será muy elevada, y el salario que les quedará a los que trabajan, muy escaso. Los trabajadores serán más pobres y los pensionistas también, porque nadie querrá trabajar en un país con estas cargas. Todo esto ocurre porque tenemos un desfase demográfico sustancial, con una generación detrás de la nuestra que es la mitad de la actual; un problema que se agrava, si podemos hablar así, porque vivimos más.
De seguir con este sistema habrá un aumento de la deuda pública y se penalizará a los jóvenes
Un nuevo modelo, quizás, genera muchas preguntas, pero a lo mejor ha llegado la hora de plantearlas
En unos años, la renta destinada a pensiones será muy elevada, y el salario, muy escaso
Si no se hace nada para reformar el sistema de pensiones sería un enorme fracaso social
Todo el mundo es consciente de que hay que actuar ya porque el transatlántico de las pensiones no tiene capacidad de maniobra a corto plazo, y el tiempo para evitar la colisión en forma de pensiones de miseria se está acabando. Y al mismo tiempo, muchos pensamos, viendo cómo se están desarrollando las negociaciones para reformar el sistema, que nada va a ocurrir; que todos los partidos han sacado la calculadora de votos y se han dado cuenta de que lo mejor que puede ocurrir es que no pase nada; que es bastante probable que la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años se sacrifique en el altar de la concertación social con los sindicatos -salvo que los mercados nos peguen otro susto-, y que a lo máximo que podemos aspirar es a un cambio marginal que retrase unos meses lo inevitable.
Este desenlace sería un enorme fracaso social. No solo porque dejaría la credibilidad del país (no ya solo la del Gobierno) mucho más tocada de lo que se piensa, sino porque sería el origen de una injusticia social de grandes proporciones. Cuando tengamos la próxima oportunidad de hacer la siguiente reforma, allá por el 2013 o el 2014, se tendrán que acordar medidas no para que tengan efecto poco a poco, sino de forma muy abrupta: personas cercanas a la jubilación se encontrarán con que deben continuar trabajando y otras verán que su pensión, ya muy cercana, es mucho menor de lo que esperaban y sin capacidad de tomar medidas. Una reforma de pensiones requiere 20 años para que no genere problemas de inequidad, y la realidad económica y demográfica nos da un espacio temporal de más o menos cinco años si empezamos ahora mismo.
¿Qué se puede hacer? Al menos dos cosas: en primer lugar, cambiar los números de la calculadora política. Conseguir generar el suficiente debate social en torno a las pensiones de forma que no hacer nada serio tenga costes significativos para todos los involucrados; incluso lanzar el mensaje a los más audaces para que vean que hacer una propuesta sensata de pensiones es una forma de ganar el plus de credibilidad del que hoy carecen. Lo segundo, que en el fondo es lo mismo, reconocer que continuar con este sistema debilita el tejido económico de nuestro país porque obligará a generar más deuda pública que no podemos permitirnos y penalizará sobre todo a los jóvenes, a los que estamos dejando una herencia no muy vistosa. Y los jóvenes a los que el actual sistema de pensiones penaliza son prácticamente todos los menores de 50 años.
Las propuestas que, desde Fedea y con la colaboración de los 100 economistas, hemos propuesto son mejorables, y seguro que se pueden debatir y adaptar. Pero, por el momento, son las únicas propuestas que han trascendido a la opinión publica. Los que piensan que no se debería hacer nada deberían explicar por qué, y explicárselo especialmente a los jóvenes. Los números y la realidad económica y demográfica dicen que es absolutamente improrrogable diseñar y adoptar una reforma que se inspire en los criterios de la que adoptaron en Suecia hace ya 15 años, y que permite mantener los principios de un sistema público, solidario y de reparto y de manera sostenible. Esos principios son los de una jubilación flexible, sin edad legal de jubilación; la existencia de una mayor proporcionalidad entre lo que cotizas y lo que recibes, y la existencia de ajustes automáticos de la pensión a la esperanza de vida, la riqueza del país o la natalidad. Es verdad que plantearnos un nuevo sistema genera muchas preguntas, pero tal vez nos ha llegado la hora, como sociedad, de plantearlas.
Michele Boldrin es profesor de la Washington University en San Luis (Estados Unidos) y director de la cátedra Fedea-Repsol. Pablo Vázquez es director de Fedea.
