La hoja de ruta de la política fiscal
En la cumbre de ministros de Economía de la Unión Europea celebrada el 2 de diciembre se ha aprobado el calendario para la corrección de los déficits excesivos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en línea con la propuesta realizada por la Comisión Europea el pasado 11 de noviembre. Este calendario establece una estrategia de salida de la política fiscal que permita cumplir con los objetivos del PEC a medio plazo según cuatro principios generales: una estrategia coordinada, estabilizadora, ambiciosa y sostenible a largo plazo.
Bajo la premisa de que el crecimiento del próximo año seguirá siendo débil y dependerá de los estímulos de las políticas económicas, la Comisión recomienda que 2010 sea todavía un año de estímulo fiscal en muchos países antes de dar paso a una consolidación generalizada a partir de 2011. En ese ejercicio la deuda pública habrá alcanzado casi un 85% del PIB frente a poco más del 60% en el pasado 2008, más de 20 puntos en sólo tres años.
El coste de la consolidación fiscal baja con reformas estructurales que generen empleo y crecimiento
Para casi todos los países se ha establecido 2013 como el año en el que debería alcanzarse el objetivo de estabilidad presupuestaria, salvo para Irlanda (2014), Reino Unido (2014-2015) y Bélgica e Italia (2012).
El reto de consolidación fiscal impuesto es formidable y sumamente ambicioso, puesto que este objetivo supone un ritmo de reducción del déficit que en la mayor parte de países equivale a más de un punto del PIB por año. Por ejemplo, Irlanda deberá reducir su déficit en dos puntos cada año, y España y el Reino Unido en 1,75 puntos. La excepción en este proceso de consolidación ha sido Grecia, puesto que la Comisión ha concluido que su Gobierno no ha adoptado medidas efectivas para reconducir su déficit excesivo, por lo que el procedimiento sancionador para este país está cada vez más cerca.
Una vez diseñada esta hoja de ruta para la estrategia de salida de la política fiscal queda por delante la parte más ardua y difícil de este proceso, puesto que deberán adoptarse medidas que en la mayoría de los casos van a suponer enormes sacrificios.
Por mucho que avance la recuperación económica en los próximos años, los déficits públicos no se van a corregir sin la eliminación de todas las políticas discrecionales adoptadas durante la crisis y sin un intenso ajuste presupuestario compatible con menores ingresos públicos, una vez desaparecidos los ingresos extraordinarios asociados a los importantes desequilibrios que experimentaron muchos países en la fase expansiva anterior a la crisis.
Para superar el imponente reto que hay por delante, será preferible hacer frente a los sacrificios que pudiera implicar la adopción de reformas estructurales con las que aumentar el empleo y el crecimiento potencial, y con ello los ingresos públicos, que soportar los elevadísimos costes sociales y económicos del drástico ajuste fiscal que debería acometerse en ausencia de esas reformas. Sin lugar a dudas, la elección entre una y otra alternativa no será inocua en términos del bienestar de nuestras sociedades.
Rafael Doménech es economista jefe de España y Europa del Servicio de Estudios del BBVA.
