¿Es el modelo alemán la solución?
Tras la presentación de su Ley de Economía Sostenible, el Gobierno ha dejado el plato más indigesto, la reforma laboral, para el primer trimestre de 2010. Zapatero, en su discurso, planteó introducir medidas para "modificar el sistema de negociación colectiva para mejorar la flexibilidad interna de las empresas; para el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo; para la revisión de la política de bonificaciones a la contratación, reorientando los recursos hacia políticas de empleo más eficientes; para el refuerzo de los servicios públicos de empleo y la mejora general de la intermediación laboral a través de todos los instrumentos disponibles; medidas tendentes a reducir la dualidad y la tasa de temporalidad del nuestro mercado laboral".
Creemos que esta medida es inadecuada para España y que la reforma laboral debe seguir otro camino
La agenda suena prometedora y coincide, en líneas generales, con las propuestas del llamado Manifiesto de los 100, del que somos firmantes. Sin embargo, el énfasis en la reducción de jornada nos hace temer que el cambio va a orientarse a facilitar el uso de la reducción de jornada, el llamado modelo alemán. Creemos que esta medida es inadecuada para España y que la reforma laboral debe seguir otro camino.
El modelo alemán tiene una larga solera, pues existe desde 1927. Sus objetivos son aminorar la destrucción de puestos de trabajo y evitar a las empresas la pérdida de personal cualificado y difícil de volver a contratar. El sistema consiste en un pacto temporal en el que la empresa, previo acuerdo del comité de empresa, se compromete a no despedir a sus empleados, y éstos reducen su jornada laboral y su salario proporcionalmente. A cambio, el Gobierno compensa a los trabajadores entre el 60% y el 67% de los salarios perdidos, compensación que se puede incrementar si los trabajadores utilizan sus nuevas horas libres para la formación. Durante la presente crisis, el programa ha supuesto una reducción de horas trabajadas equivalentes a 430.000 empleos. Una variante interesante de este modelo se da en Holanda, donde la reducción de horas debe ir ligada a la formación: sin un plan de formación, el Gobierno no financia la reducción de horas.
Sin duda, estos programas pueden tener importantes ventajas en una situación de crisis. Las empresas con dificultades transitorias de demanda y problemas de liquidez pueden aprovechar la reducción de jornada para no despedir a sus trabajadores. Los trabajadores sufren una reducción en sus ingresos, pero ésta no es suficientemente grave para obligarles a buscar un nuevo empleo. Las dos partes, sabiendo que gracias al programa de trabajo reducido pueden sobrevivir las recesiones con mayor tranquilidad, tienen un incentivo adicional para realizar buenos emparejamientos laborales e invertir en ellos. Finalmente, desde el punto de vista del presupuesto público, un programa de trabajo reducido puede ser una alternativa más barata que pagar desempleo a los despedidos.
Sin embargo, estos beneficios son probablemente reducidos en España. Mientras que el shock experimentado por la economía germana es un shock temporal causado por la fuerte caída del comercio internacional, el shock en España tiene un componente permanente que es clave: el fin del boom inmobiliario que nos llevó a construir dos de cada tres viviendas nuevas en la Unión Europea entre 1999 y 2007. Si la economía alemana puede retrasar ajustes sin incurrir en costes excesivos, la economía española necesita cambiar. Un modelo como el alemán puede simplemente posponer lo inevitable.
Incluso si obviamos este vicio de raíz, estos programas son difíciles de implementar. Primero, por el incentivo de las empresas a mentir acerca de su verdadera situación para trasladar al contribuyente parte de sus costes durante una recesión. Segundo, por el posible fraude, ya que es fácil convertir la formación que se pide acompañe a este programa en trabajo encubierto (posibilidad especialmente preocupante para España dada la importancia de la economía sumergida en nuestro país).
Para evitar estos escollos, un programa bien diseñado debería asegurar que las empresas que se benefician del programa incurran también en un coste. Una alternativa puede ser convertir el subsidio en un crédito a devolver cuando acabe el programa. De esta manera, sólo las empresas que verdaderamente lo necesiten participarán en el programa. Así funciona en Suecia, donde las empresas con dificultades reciben préstamos en forma de retraso de las contribuciones a la Seguridad Social. En Holanda, las empresas deben devolver el subsidio (o parte de él) en caso de que el empleo se reduzca después de aprobado el programa. Además, deberían crearse mecanismos de inspección que aseguren que la reducción de trabajo se emplea efectivamente en formación y que el acuerdo vaya unido a un plan de viabilidad de la empresa que asegure el mantenimiento del empleo a medio plazo.
Una consideración final es que el coste de este programa es notable. Es difícil anticipar este coste para España, pero existen estimaciones para otros países. En Holanda se calcula que cada empleo salvado ha costado 15.000 euros al contribuyente. Dado el alto nivel de gasto que tiene España en políticas de empleo (actualmente, el 4% del PIB), este coste es difícilmente asumible. Además, al evaluar la sostenibilidad del programa, no se puede ignorar que los subsidios, una vez iniciados, son difíciles de suprimir, por mucho que se prometa lo contrario al principio del programa. Si, por ejemplo, se plantea una duración de 12 meses, cuando los primeros trabajadores lleguen a estos 12 meses comenzará la presión para prolongarlo para evitar que pierdan su empleo.
Por todo ello, pensamos que el modelo alemán no es la medida adecuada para la situación española. Primero, los beneficios son dudosos: la gran destrucción de empleo ya ha tenido lugar y la situación económica requiere cambios profundos. Segundo, la implementación es compleja, y el coste, elevado. Una reforma estructural del mercado de trabajo tiene más posibilidades de resolver los problemas de la economía española. Dado que la mayor parte del crecimiento del desempleo ya se ha producido, ahora se trata de facilitar la creación de empleo de calidad. Concentrémonos en ello.
Jesús Fernández-Villaverde es profesor de la University of Pennsylvania y FEDEA. Luis Garicano es profesor de la London School of Economics, CEPR y FEDEA.
