La reforma laboral no se debe retrasar
Ahora pocos discuten la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral en España, pero no hace mucho se decía que era inoportuna. Sin embargo, es posible defender que el momento de una auténtica reforma laboral ha llegado y que no conviene esperar a una fase expansiva de la economía para ponerla en práctica.
Pensamos que los ejes principales de la reforma deberían ser dos: la creación de un contrato único que acabe con los contratos temporales y una reforma de la negociación colectiva que permita una mayor adecuación de los salarios a la productividad de las empresas y al ciclo económico. Se trata, por tanto, de una reforma en profundidad, no una reforma marginal como la que se deriva de la propuesta del Gobierno, recientemente actualizada. Una reforma menor no sólo no solucionaría nuestros problemas, sino que los agravaría, al impedir una auténtica reforma a corto plazo.
No conviene esperar a una fase expansiva de la economía para tomar medidas
Los ejes principales deberían ser un contrato único y una reforma de la negociación colectiva
Se suele alegar que es preferible hacer la reforma laboral en un contexto de expansión económica. Pero esta afirmación no proporciona un marco de referencia suficiente, al no definir claramente qué se entiende por expansión: ¿cuando crezca el PIB, cuando crezca el empleo, cuando caiga el paro? Aunque recientemente distintas instituciones han mostrado claras diferencias en sus previsiones sobre la evolución futura de la economía española, en general emerge un desolador consenso: nuestro PIB podría haber empezado a crecer -aunque de forma muy débil- durante el primer trimestre, pero el empleo probablemente no lo hará antes de 2011 y el paro no caerá antes de 2012. Para una reducción significativa de la tasa de paro faltan varios años. Estamos ante una débil recuperación que no vendrá acompañada por la necesaria creación de empleo (lo que en inglés se denomina jobless recovery). Por tanto, este último criterio implicaría posponer la reforma sine die.
Pese a la creencia popular, no es obvio que sea mejor hacer las reformas estructurales en las expansiones. Por ejemplo, una reducción del coste de despido tendría un efecto neto incierto sobre el empleo a corto plazo: se destruirían empleos de trabajadores menos productivos, pero se crearían nuevos empleos por la caída de los costes laborales. Ambos efectos conducirían también a elevar los salarios reales medios. Con estos efectos en mente, evaluar el momento idóneo para emprender la reforma requiere considerar tres aspectos: el bienestar social, la viabilidad política y la política macroeconómica adecuada.
Desde el punto de vista del bienestar social, la reforma perjudicaría a los trabajadores despedidos, pero beneficiaría a los parados, a través de una mayor creación de empleo. Por tanto, que el beneficio neto de la reforma sea mayor si ésta se realiza en la recesión (frente a la expansión) depende de la magnitud relativa de los efectos del ciclo (la relativa escasez de demanda) y del menor coste de despido sobre la creación de empleo. Y el efecto relativo de estas dos fuerzas sobre los salarios determinaría si los empleados se beneficiarían más de que la reforma se haga en recesión o en expansión. Estos efectos no pueden cuantificarse a priori, aunque probablemente resulte una preferencia por hacer la reforma en la recesión si ponderamos especialmente el bienestar de los parados. Finalmente -y con independencia de la situación cíclica-, posponer una reforma beneficiosa para el crecimiento potencial de nuestra economía implica un coste obvio: hay que descontar sus beneficios por llegar en el futuro en vez de ahora.
En cuanto a la economía política de la reforma, es necesario evaluar el llamado efecto de exposición. Las reformas tienden a beneficiar a los parados más que a los empleados, pero estos tienen en cuenta el bienestar de aquellos sólo si están expuestos al riesgo de quedar en paro. La evidencia empírica muestra que este efecto de exposición es real: las reformas se hacen cuando el paro crece. Así, esperar a la expansión podría hacer inviable la reforma.
Por último, sí está clara la política macroeconómica que debe acompañar a una reforma laboral. En efecto, aunque la reforma reduce la tasa de paro estructural, la tasa real (observada) no cae rápidamente a ese nuevo menor valor. Esta brecha transitoria equivale a una recesión y para compensarla se deberían realizar políticas económicas expansivas.
Según una visión muy extendida, pertenecer a la Unión Económica y Monetaria (UEM) supone una restricción, pues su política monetaria se orienta a la situación global de esa área y no a la española. Pero precisamente por esta razón conviene aprovechar los bajos tipos de interés actuales para realizar la reforma. Posponerla significaría enfrentarse a un contexto macroeconómico con una política monetaria menos expansiva que la actual. En ese momento, carecer de una política monetaria propia sí constituiría una gran restricción.
En cuanto a la política fiscal, España ha superado de sobra los límites de la prudencia, como nos lo han venido recordando los mercados financieros. Pero aún es posible implementar una política fiscal compensadora. La evidencia empírica internacional demuestra que las consolidaciones fiscales, siempre que supongan reducciones importantes y creíbles del gasto público, tienen un efecto positivo sobre el PIB. ¿Por qué? Por una parte, los consumidores perciben una reducción de su carga fiscal futura, lo que estimula el consumo. Por otra, los inversores perciben un menor déficit futuro, lo que reduce la prima de riesgo y los tipos de interés. Por tanto, una consolidación fiscal creíble estimularía la demanda, algo muy deseable para contrarrestar los posibles efectos a corto plazo de la reforma. Esta es una razón más para considerar beneficioso el programa de consolidación fiscal del Gobierno. El problema es que actualmente no resulta lo bastante creíble.
Creemos, por tanto, que los argumentos que defienden la conveniencia de posponer una auténtica reforma laboral hasta momentos mejores, para reducir así el potencial coste a corto plazo de la misma, son cuando menos dudosos. Pensamos que son también difícilmente aplicables hoy, pues de lo contrario resultará difícil garantizar unos niveles de bienestar social similares a los de los países de nuestro entorno. Por todo ello, creemos que la reforma laboral no se debe retrasar.
Samuel Bentolila es profesor de Economía del CEMFI, y David López-Salido es investigador asociado del CEPR, Londres.
