La inspección culpó a Caruana del alto riesgo inmobiliario de bancos y cajas
"Hay motivos suficientes para la preocupación, especialmente si se tiene en cuenta el legado de los seis años de mandato del señor don Jaime Caruana". Una insólita carta enviada por la asociación de inspectores del Banco de España en mayo de 2006 al entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, cargaba así contra la gestión del gobernador del Banco de España en esa etapa. Caruana, nombrado por el Gobierno del PP, fue sustituido poco después por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ayer dijo que "quizá no todo se haya hecho bien", pero que "lo que ocurrió hace 10 años [en realidad han pasado cino desde la carta] es mejor dejarlos para lso historiadores".
En su carta, revelada ayer por El Mundo, la asociación cree que "la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años de mandato del señor Caruana" era una de las "causas más evidentes" de los desequilibrios de la economía española. "Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato", añadían.
Burbuja del ladrillo
La misiva constituye una explicación alternativa a la oficial del Banco de España sobre la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Los inspectores ven el "desmedido crecimiento del crédito bancario" como "una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles" entre 2000 y 2006. Y, luego, reprochaban al propio gobernador "falta de determinación" para exigir "rigor" a las entidades financieras "en la asunción de riesgos".
Los inspectores destacaban que "la única institución con autoridad normativa y capacidad técnica suficientes" para actuar era el Banco de España y que solo su "pasividad en los últimos seis años" explicaba que no se pusiera "freno a los crecimientos del crédito que considere inadecuados". La asociación advertía que "el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de forma alarmante". Pero también decía que "la gran mayoría de las entidades de crédito españolas están bien capitalizadas y que, por ello, su solvencia no es previsible que se vea comprometida aun en los escenarios más desfavorables".
