El juez abre una investigación a Nueva Rumasa por Clesa
Los problemas de solvencia del grupo Nueva Rumasa empiezan a llegar a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha incoado diligencias previas contra Álvaro Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador del conglomerado empresarial, y contra Antonio Álvarez-Montalvo, directivo de Clesa, por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia. En román paladino, el juez ha abierto una investigación en la que están implicados ambos dirigentes empresariales.
El pasado viernes a media mañana llegó al juzgado un informe policial en el que había declaraciones de los dos directivos. De la documentación policial se desprende que desde Nueva Rumasa se podría haber incurrido en un posible alzamiento patrimonial al sospecharse que desde Clesa se había desviado dinero a Dhul, ambas empresas del grupo y, las dos, en fase de preconcurso. El desvío, según adelantó el diario Público la semana pasada, ascendería a unos nueve millones de euros.
Los problemas de Nueva Rumasa con la Seguridad Social no son nuevos. De hecho, el pasado febrero el director general de la Tesorería del instituto público, Javier Aibar, admitió que habían decretado embargos preventivos (en concreto, 15 fincas de Clesa) y afirmó que ya se le habían dado muchas oportunidades para regularizar su situación.
Días después, este diario adelantó que la deuda total del grupo con la Seguridad Social ascendía a 45 millones de euros, ya que había dejado de ingresar las cuotas empresariales desde marzo del año pasado, que se suman a los 161 millones que debe a sus acreedores bancarios.
Por otra parte, ayer la federación agroalimentaria de UGT solicitó una reunión urgente con el secretario general del Fondo de Garantía Salarial, Juan Pedro Serrano Arroyo. El objetivo del sindicato es abordar “la dramática situación de muchos trabajadores” del grupo, a los que en conjunto, según UGT, se les debe unos seis millones de euros y “encontrar soluciones” para muchas “familias que no reciben ingresos, como consecuencia del incumplimiento básico de la empresa con sus trabajadores”.
