Un juez investiga a la familia Carulla por delito fiscal

El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha abierto diligencias por presunto delito fiscal contra cinco miembros de la familia Carulla, uno de los linajes empresariales más importantes de Cataluña. El origen de la investigación se remonta a una investigación iniciada en 2002 por el juez Baltasar Garzón y durante la que se registró el despacho de abogados Petrus y se intervino documentación sobre numerosos clientes. Ese registro sirvió para destapar también el caso Pretoria de supuesta corrupción urbanística.

Según las investigaciones, desde ese despacho se canalizaban las inversiones en diversos paraísos fiscales para no tributar en España y esto es lo que podría haber ocurrido con la sociedad Agrolimen, que preside Artur Carulla, consejero de Repsol y vicepresidente del Círculo de Economía. Algunas fuentes cifran el supuesto fraude fiscal en 160 millones de euros.

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El juzgado no ha acordado todavía ninguna de las diligencias de investigación que se realizan en estos casos, como la imputación de todos los integrantes del clan familiar y sospechosos. La fiscalía tampoco se ha pronunciado todavía, pues el caso ha llegado a Barcelona hace apenas unos días procedente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que se ha acabado inhibiendo. Entre los implicados figura también Mariona Carulla, elegida hace unos días presidenta del Orfeó Català, la entidad que gestiona el Palau de la Música.

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