La justicia europea tumba las 'vacaciones fiscales' vascas

El Tribunal de Justicia de la UE no ha tenido compasión con el régimen de incentivos fiscales que las haciendas vascas aprobaron en la década de los noventa para beneficiar a empresas de nueva creación. La Corte de Luxemburgo confirmó ayer, en una sentencia que es firme, la ilegalidad de las denominadas vacaciones fiscales, como solicitaba la Comisión Europea (CE), un auténtico varapalo judicial para las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tras más de una década de litigios.
La resolución zanja el debate sobre la legitimidad de las ayudas fiscales, pero abre un nuevo proceso judicial que determinará si las instituciones vascas deben pagar una multa de más de 40 millones de euros, como ha propuesto Bruselas, por no haber recuperado la totalidad de los incentivos que concedieron a las empresas. Las tres diputaciones coincidieron ayer en que el fallo judicial "no tiene efectos prácticos", puesto que las empresas ya han devuelto la totalidad de las ayudas.
El máximo tribunal europeo no ha aceptado ninguno de los 10 motivos invocados por las haciendas vascas. Estas alegaron que el Ejecutivo comunitario alargó en exceso el procedimiento -declaró ilegales las ayudas en 2001, más de seis años después de la primera denuncia presentada por La Rioja- y que su silencio durante este periodo permitió a las empresas acogerse a la normativa que entonces estaba vigente en la "confianza legítima" de la legalidad de la misma.
La Corte concluye que si el proceso se demoró tanto fue porque las diputaciones contribuyeron a ello "con su falta de colaboración y al no notificar las ayudas". "Cuando un Estado miembro se muestra reacio a aportar a la Comisión la información oportuna, no puede invocar la confianza legítima" de la regularidad de las ayudas, dice la sentencia.
La Corte europea aún tiene pendiente pronunciarse sobre otras dos medidas controvertidas, como son el crédito fiscal del 45% y las conocidas como minivacaciones fiscales.
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