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La lucha contra el blanqueo hace aflorar 4.100 millones en cuatro años

Se ha apostado por reforzar las unidades para la investigación patrimonial

Luis Gómez

Un estudio elaborado por la Unidad de Inteligencia Criminal española en 2002, recién entrado en vigor el euro, llegó a estimar en un billón de pesetas (6.000 millones de euros) el patrimonio en poder de las organizaciones delictivas en España. Es decir, el dinero sucio.

La estrategia ha sido unificar las policías sobre delitos económicos
Más de 30 policías especializados en blanqueo trabajan en la Costa del Sol

Si aquella cifra resultaba preocupante, la realidad la ha dejado pequeña a la vista de datos tangibles: sólo en los últimos cuatro años, el valor de lo intervenido a estas organizaciones suma 4.125 millones de euros, cifra que podría acercarse a los 6.000 millones si se practicase una valoración de 1.296 fincas e inmuebles todavía no evaluados y 493 obras de arte. Reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y multiplicar las unidades destinadas a la investigación patrimonial ha permitido a Interior empezar a conocer el verdadero tamaño del dinero sucio en España.

Desde hace años, los expertos policiales tenían claro que la clave para una estrategia eficaz contra las organizaciones delictivas pasaba por atacar sus tramas financieras. De hecho, en el año 2002, durante la presidencia española en la Unión Europea, se aprobó una directiva por la cual se recomendaba a las fuerzas de seguridad que practicaran, en toda actuación policial, una investigación paralela de tipo económico. En ese punto, todos los expertos coinciden en que la verdadera amenaza del crimen organizado está en su capacidad para corromper el sistema a través del poder económico y la influencia política.

Hasta hace bien poco, las estadísticas policiales ponían mucho énfasis en el número de detenidos y, en el caso de España, en las toneladas intervenidas de droga. Aunque las cifras aumentaban de año en año y podían interpretarse como un sinónimo de eficacia policial, lo cierto es que esos resultados no dejaban de ser frustrantes.

No había otros resultados económicos que los miles de vehículos y cientos de embarcaciones incautados a los narcotraficantes. La realidad era que muchas organizaciones sobrevivían a los golpes policiales dado que su capacidad económica para sobreponerse seguía intacta. Del dinero sucio apenas había noticias, a pesar de que el nombre de España coincidiera en numerosos informes policiales como uno de los países donde se refugiaba el dinero de la delincuencia internacional.

El cambio de estrategia está permitiendo tener una visión más aproximada de la realidad, sobre todo cuando se considera también como parte del problema la delincuencia económica y el blanqueo de capitales. En España, este cambio de estrategia tiene su origen en la unificación policial de todas las unidades relacionadas con la investigación económica y en la creación de unidades especiales en la lucha contra el lavado de dinero.

Durante años, la policía española se había organizado en pequeñas unidades dispersas especializadas en delitos monetarios, fiscales, financieros, unidades de actividad muy secundaria, dudosa eficacia y generalmente poco coordinadas. Bajo el mando del actual comisario general de Policía Judicial, todas estas unidades se fusionaron en una: la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), a la que también se incorporó la Brigada de Delitos Tecnológicos. Ése fue el primer proceso.

El segundo fue la formación de policías especializados en investigación patrimonial, la dotación de esos expertos en determinadas comisarías provinciales y la creación de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Dicha unidad cuenta en la actualidad con más de 100 investigadores. En una zona sensible como es la Costa del Sol, trabajan actualmente más de 30 policías especializados en blanqueo.

Los resultados no se hicieron esperar. Las investigaciones demostraban cómo las redes financieras de las organizaciones delictivas se habían infiltrado en el sistema a través de colectivos de profesionales (abogados, notarios, asesores, incluso instituciones bancarias) y cómo habían contaminado también determinadas capas del sistema político. Operaciones como Ballena Blanca, Malaya, Avispa, Mármol Rojo o Hidalgo, por citar las más espectaculares, evidenciaban las ramificaciones.

Antes, el número de detenidos era alto y el valor de los bienes intervenidos muy bajo. El dinero sucio permanecía intocable. Ahora el número de detenidos sigue siendo elevado (algo más de 23.000 si se tienen en cuenta las redes de inmigración y trata de seres humanos), pero el valor del patrimonio decomisado ya es llamativo: 4.126 millones de euros.

Inmuebles y vehículos

España tiene en su territorio algunos de los depósitos judiciales más grandes de Europa. Ése es el caso, por ejemplo, del situado en la localidad de Cártama (Málaga), donde se amontonan miles de vehículos de alta gama y cientos de embarcaciones, producto de las incautaciones efectuadas por la policía a los delincuentes en estos sectores.Buena parte de ese patrimonio queda inservible por efecto del tiempo y la lentitud de la justicia, y termina siendo vendido como chatarra, con la consiguiente pérdida de valor.Aunque el Plan Nacional de Drogas estableció un mecanismo para una subasta rápida de estos bienes, los procedimientos siguen siendo frustrantes y muy limitados.En los cuatro últimos años, las fuerzas de seguridad del Estado han intervenido un patrimonio valorado en 4.126 millones de euros, además de 1.296 fincas o pisos todavía sin valorar, 3.117 vehículos (una buena parte de alta cilindrada) y hasta ocho avionetas y dos helicópteros. ¿Habrá que esperar años para ver cómo ese patrimonio termina deteriorándose y pierde valor?El Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, trabaja a buen ritmo en la creación de una Oficina de Localización e Intervención de Activos. Su función será la de coordinar los bienes incautados y proceder a una subasta pública para que los beneficios reviertan en el erario público en el menor plazo posible. Ese proyecto tendrá que superar un escollo que hasta ahora parecía insalvable: la lentitud del sistema judicial español, algo en lo que todos los sectores coinciden en quejarse.

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