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Las muertes laborales registran en 2007 la mayor caída en 10 años

El aumento de los controles de seguridad deja en 841 los fallecidos en el año

Lucía Abellán

Los accidentes laborales son siempre demasiados, pero las cifras de 2007 marcan, al menos, una senda esperanzadora. El año pasado murieron 841 trabajadores en sus puestos, según un avance aún pendiente de confirmar. Con ser abultada, la cifra representa un descenso del 11,2% respecto a 2006. Se trata de la caída más intensa de los últimos 10 años como mínimo. Debido a un cambio en la forma de computarlos, las series no permiten rastrear más atrás, pero es probable que el récord vaya más allá de los 10 años.

El dato resulta más significativo en un contexto en el que la ocupación no ha dejado de crecer. Cerrar el año con menos muertes y más empleo a la vez implica que, proporcionalmente, el descenso es mucho más pronunciado. El número de muertes por cada 100.000 afiliados ha pasado de 6,1 en 2006 a 5,3 en 2007. Las cifras, además, contrastan con el ligero repunte que experimentaron los accidentes mortales en el año 2006.

La pérdida de ritmo de la construcción ha contribuido a mejorar las cifras
El dato crecerá cuando se sumen los fallecidos en el camino al trabajo
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A cambiar el ritmo de la curva ha contribuido, sin duda, la pérdida de vigor que ha experimentado la construcción en 2007. El menor dinamismo en el empleo de ese sector, que concentra un tercio de los fallecimientos, modera la proliferación de siniestros en el tajo.

Más allá de este elemento coyuntural, el mayor celo a los accidentes laborales ha contribuido de forma determinante a la mejora. En el ejercicio pasado, el Gobierno, la patronal y los sindicatos alcanzaron un gran acuerdo para frenar la siniestralidad, con especial atención a las empresas pequeñas, que suelen escapar a los controles habituales. Por encima de ese pacto, cuyas principales medidas están por aplicar, ha pesado la labor de la fiscalía especial para accidentes laborales. Su titular, Juan Manuel de Oña, tomó posesión del cargo a mediados de 2006 y desde entonces procura que al menos los delitos no queden impunes.

En 2006, último ejercicio del que existe un balance, sólo la mitad de los fallecidos en jornada laboral llegó a los tribunales. Un año antes, la justicia tenía constancia apenas de una quinta parte. A falta de los datos definitivos, el fiscal percibe que en 2007 las cosas han marchado mejor. La inspección de trabajo tiene orden de remitir a los tribunales todas las actas que levanten sobre siniestros laborales. Esa medida, unida a un protocolo de actuación al que también se ha sumado la policía, ha favorecido la persecución de los delitos. Y las empresas han tomado una mayor conciencia de la necesidad de frenar esta lacra.

Aunque los 841 muertos en su puesto de trabajo en 2007 representan el dato más moderado en muchos años, aún habrá que añadirles los in itínere (fallecidos en el trayecto de casa al trabajo o viceversa). La suma de ambos ha arrojado siempre cifras superiores a los 1.000, una barrera que volverá a alcanzarse este año, pues con datos del Ministerio de Trabajo hasta noviembre, ya habían fallecido 313 personas en esas circunstancias, principalmente en colisiones de tráfico.

Pese a las mejoras, España aún tiene por delante numerosos retos para aproximarse a las cifras europeas. En los 27 Estados miembros fallecieron en 2005 (último dato disponible) 7.460 personas, lo que sitúa a la economía española en mal lugar, con más del 10% de las muertes europeas. Y el número de muertos por cada 100.000 afiliados aún supera las marcas comunitarias, que se sitúan en 4,3 trabajadores. Hasta hace poco, la incidencia en España duplicaba la media comunitaria, con lo que el dato de 2007 contribuye a aminorar la brecha con los países del entorno.

El PSOE quiere una policía judicial especializada

Pese al avance de 2007, el Gobierno no está satisfecho con los datos de siniestralidad laboral. Por ello el programa del PSOE para las elecciones del 9 de marzo incluye un capítulo orientado a frenar este fenómeno, que provoca cada año un millón de accidentados. El proyecto más novedoso consiste en crear una policía judicial específica para perseguir los delitos de esta índole. La medida iría acompañada de una ley integral contra la siniestralidad similar a la que ahora rige para las víctimas de la violencia machista.Esta ley, reclamada en más de una ocasión por el fiscal especial para la siniestralidad, Juan Manuel de Oña, busca una mayor coordinación entre la fiscalía y la inspección de trabajo para combatir los delitos contra la salud de los trabajadores. Se fijan, además, dos vías judiciales para los accidentes. La social para atender de forma "rápida y eficaz" a las víctimas y la penal para castigar los delitos. En el texto legal deberían unificarse, además, las sanciones, la labor de prevención y la formación encaminadas a apaciguar los siniestros.Como complemento a la ley, el programa socialista sugiere, además de la policía especializada, formar a jueces en prevención de riesgos laborales, crear un registro de los procesos judiciales y reforzar la inspección de trabajo. El programa habla de 3.000 funcionarios, entre inspectores y subinspectores, a final de la próxima legislatura. Eso supondría un incremento de más de 1.000 en su conjunto, pues ahora no suman 2.000.El PSOE se propone garantizar asistencia pública a las microempresas, de hasta 10 trabajadores, para que cumplan "mejor y de forma más sencilla" sus obligaciones preventivas. Además, se compromete a mejorar las dotaciones presupuestarias para prevenir los riesgos laborales y a elaborar un plan nacional de formación para trabajadores, autónomos y pequeñas y medianas empresas.Aunque se contabilizan por separado, la importancia cuantitativa de los accidentes que ocurren de camino o de vuelta del trabajo lleva a incluir en el programa "medidas específicas" en este terreno, sin aclarar más.Con esos cimientos, los socialistas plantean un objetivo ambicioso: reducir los índices de siniestralidad laboral "por debajo de la media europea". Tras el impulso experimentado en 2007, las cifras permanecen distantes: 4,3 fallecidos por cada 100.000 cotizantes en la Unión Europea (dato de 2005) frente a 5,3 en España (avance de 2007).

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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