La nueva ley rebaja el valor del suelo

Las inmobiliarias han visto caer en picado sus acciones esta semana. Y los analistas creen que esta tendencia a la baja continuará en el corto plazo. Pero éste no es el único disgusto que les espera. La nueva ley del suelo, que debe entrar en vigor el próximo 1 de julio, acarreará a estas empresas, según varios expertos, importantes pérdidas en su valoración.

Según el profesor del Centro Garrigues José Barta, muchas entidades han comprado suelos rurales en municipios que están revisando su plan general, y su cotización bursátil está inflada por las expectativas de ganancias futuras. Con la nueva legislación en la mano, en caso de expropiaciones estos terrenos se considerarán como lo que son -rurales- y no por lo que podrían llegar a ser. Estos activos inmobiliarios, por tanto, tendrán que valorarse a la baja.

Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores, califica de "expolio" el que la normativa preparada por el Ministerio de Vivienda permita las expropiaciones a un precio sensiblemente inferior al que las empresas han pagado. Pero niega que vaya a afectar al valor en Bolsa de las inmobiliarias. Y confía en que la ley no se cumpla en su totalidad. "Cuando una ley es socialmente injusta, es lógico pensar que no se va a aplicar", argumenta. Desde el ministerio que dirige María Antonia Trujillo prefieren guardar silencio sobre este asunto.

Este efecto pernicioso es lo último que necesitaba un sector que en los tres últimos años ha llevado su cotización hasta las nubes, con casos de crecimientos anuales superiores al 1.000%. Barta asegura que la sobrevaloración de las inmobiliarias responde en buena medida a las operaciones de compra tan agresivas que han realizado, a unos precios muy por encima de los de mercado. "En muchos casos, las adquisiciones a precios disparatados sólo se explican por el deseo de una persona o una familia que querían tener una presencia destacada en Bolsa", opina.

Mariano Miguel, consejero delegado de Colonial, niega categóricamente que el precio pagado por Inmocaral (63 euros por título) para absorberla fuera excesivo: "En junio de 2006 la oferta era un 39% superior a lo que valía en Bolsa; el valor neto contable en diciembre ya era igual al que habíamos pagado". "Hicimos un magnífico negocio", asegura, al tiempo que protesta por "juntar en un mismo saco" a todas las inmobiliarias. Los analistas le dan la razón: el caso de Astroc, con un peso extraordinario especulativo y muy ligado a las buenas relaciones de su presidente con los políticos valencianos, no tiene nada que ver con el de otras entidades, según las fuentes consultadas.

En una visita que hizo esta semana a Madrid, Patrick Sumner, analista de la gestora de fondo británica Henderson, resumía en pocas palabras la razón por la que en estos momentos no tenían participación en ninguna inmobiliaria española. "Están sobrevaloradas y mal gestionadas", dijo. Sumner manifestó su impresión de que están pensando más en el beneficio del equipo directivo que en el de los pequeños accionistas.

"El mercado español nos gusta, pero no las ofertas de compra que encontramos", aseguró Sumner. Y al preguntarle por las razones de la sobrevaloración, respondió: "Sólo se puede comprender desde una óptica de construcción de imperios inmobiliarios. Pensando más en su rentabilidad a cuatro años vista que en la inmediata".