Por un pacto de sanidad con contenido
Muchos llaman a la puerta de un pacto por la sanidad. Sin ir más lejos el señor Güemes, en su artículo en EL PAÍS del día 13, muy acertadamente reclama su creación y nos hace ver la grave situación del sistema sanitario a raíz del 20º aniversario del Informe Abril. La preocupación generada frente a los avisos de la Comisión Europea o del Banco de España contrasta con la incomprensible pasividad por parte de la mayoría de los responsables de las Administraciones Públicas, sobre todo tras las numerosas advertencias que, desde hace años, expertos en economía de la salud, entre otros el propio Enrique Costas Lombardía, vicepresidente del mencionado Informe Abril, realizan en foros de expertos y medios de comunicación.
Debe haber una única cartera de servicios sanitarios para todos
El acuerdo no será creíble sin mecanismos de solidaridad
La escalada de la oferta de servicios públicos, a cualquier precio, ha puesto al Estado en situación de no poder financiarlos, de aquí el déficit. La mayoría de los servicios públicos siguen prestándose con la vieja e injusta tendencia, aunque políticamente correcta, de "café para todos", es decir, todos se benefician por igual de la solidaridad y del esfuerzo común, independientemente de su renta o patrimonio. Ambos escenarios, plétora de oferta y café para todos, han creado inevitablemente una franca burbuja en el Estado del bienestar.
La reiterada demanda de un pacto por la sanidad debe superar el escenario político e incorporar criterios técnicos y profesionales. Sin embargo, su elaboración no debe dejarse sólo en manos de políticos, tendentes a acuerdos con poco contenido, sino que debería partir de la creación de una comisión permanente de expertos del sector sanitario al más alto nivel parlamentario, regida por personalidades de reconocido prestigio, que tutelara la viabilidad y efectividad de los términos del pacto al que deberían llegar la mayoría de los partidos representados en las Cámaras.
Este gran pacto debería gozar de una franca y necesaria credibilidad, tanto interna como internacional, para lo cual es imprescindible, en primer lugar, que arranque de la firme exigencia de despolitización de la sanidad, de su exclusión absoluta de la oferta política y del abandono de los recurrentes planes de refinanciación del déficit sanitario. En segundo lugar, debe contar con un pronunciamiento, inexcusable, sobre el aseguramiento público, con participación del sector privado, del sistema, haciendo constar sus principios: equidad en el acceso, igualdad en prestaciones, financiación pública y solidaridad, calidad asistencial, eficiencia, eficacia y sostenibilidad económica.
La sostenibilidad de nuestra sanidad requiere el control del crecimiento del gasto sanitario público. Sin embargo, esta no es una medida exclusiva, es decir, en realidad lo necesario es trazar un camino para que las medidas de contención tengan continuidad, actuando además de aval y garantía de la efectividad del propio pacto. Tal vez, todo ello se consigue concretando el actual modelo sanitario y haciendo que éste rija el sistema sanitario en la financiación, en los criterios de planificación, en el modelo de acreditación de servicios y en las responsabilidades y efectos reales de la desviación presupuestaria, mediante la evidente colaboración entre comunidades autónomas y Estado. Este modelo, por ejemplo, debe incidir, sin tibiezas, en el principio de la igualdad en prestaciones haciéndolo efectivo a través de la creación de una única cartera de servicios sanitarios públicos para todo el territorio del Estado, inamovible, por otra parte, sin la autorización del Parlamento.
Todo ello no se entendería bien sin que, de forma lógica y verosímil, se vertebrara el Sistema Nacional de Salud mediante la promulgación de su propia ley, refundiendo textos y revisando, entre otras muchas cosas, el régimen de las implicaciones vigentes en la sanidad de la Seguridad Social o de las mutuas o de las olvidadas entidades colaboradoras, etcétera. Vertebración encaminada a gobernar los principios generales del sistema y vigilar, con instrumentos legales, el funcionamiento y sostenimiento del modelo sanitario, respetando, por descontado, las competencias de las comunidades autónomas en el marco constitucional.
Un pacto político por la sostenibilidad económica de la sanidad pública no será efectivo o creíble, por una parte, si no garantiza la transparencia de las cifras componentes del gasto público y de los resultados en términos de salud de cada uno de los centros asistenciales, y por otra parte, tampoco lo será si no crea mecanismos de solidaridad, entre otros, vinculando la capacidad económica del ciudadano a la prestación sanitaria. En definitiva, total gratuidad para el ciudadano y las familias que lo necesiten o que requieran protección social. Además, no debería obviarse la libre movilidad sanitaria vinculada a la necesaria cooperación entre comunidades autónomas y el reconocimiento de la objeción de conciencia asistencial, con una alternativa efectiva frente a la objeción o negativa de ser atendido en un centro sanitario que realice prácticas médicas contrarias a legítimas creencias y convicciones éticas personales.
Finalmente, el pacto por la sanidad debe hacer partícipe a la sociedad civil y profesional en el control del modelo, normalizando su participación en todos los asuntos relevantes del sector, creando, entre otras medidas, Consejos de Gobierno en todos los centros hospitalarios compuestos mayoritariamente por ciudadanos y profesionales independientes, incorporando las buenas prácticas y modelos de los países nórdicos de la Unión Europea.
Algunas medidas más podrían perfeccionar el pacto, tales como la motivación de los profesionales de la salud, la creación de una carrera profesional estatal compartida y la profesionalización de la gestión y planificación de la sanidad, garantizando la independencia del gestor público frente a criterios políticos y acreditando periódicamente su competencia profesional, pero ninguna podría sustituir a la obligación de hacer públicas las cifras de listas de espera creando, adicionalmente, la figura de un gestor de lista de espera en cada comunidad autónoma, covinculado funcionalmente a la Comisión Permanente de Expertos del sector sanitario en el Congreso de los Diputados, la cual debería emitir un informe anual sobre el funcionamiento del sistema y su sostenibilidad.
Juan José Bestard Perelló es experto en gestión y planificación sanitaria, ex director general de Organización y Planificación del Insalud y ex viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
