La persistencia de la crisis abre un debate sobre la prolongación de las ayudas a parados

La situación de los cientos de miles de parados que han agotado sus prestaciones y subsidios, así como el hecho de que la persistencia de la crisis amenaza con incrementar este número en los próximos meses ha abierto un debate entre los agentes políticos y sociales sobre la necesidad de reforzar las ayudas del Estado a los más afectados por el deterioro económico.

En este debate, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho ha tirado la pelota sobre estas ayudas sobre el tejado del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales y los gobiernos autonómicos. Así, ha avanzado que las comunidades tendrán que hacerse cargo de la extensión de las rentas sociales para aquellos que no cuenten con prestaciones contributivas, al ser parte de sus competencias. Un mensaje que no ha caído en saco rato, ya que hay varias regiones que podrían tomar medidas en este sentido. Por coherencia, ha añadido el ministro, el testigo por parte del Gobierno debe tomarlo el departamento que dirige Trinidad Jiménez, en coordinación con la Vicepresidencia Tercera.

Corbacho ha explicado que la posible ampliación de la protección social para evitar situaciones de exclusión social es un tema "que nace" en el ámbito laboral, pues es una consecuencia directa del incremento del desempleo, y que por ello es su Gabinete el que "asume el discurso político" y, "de común acuerdo" con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, establece las directrices a seguir.

A partir de ahí, ha señalado, se ha abierto un debate con las comunidades, en las que residen las competencias sobre protección social, que ahora tiene que entrar en "fases de concreción", a lo que ha añadido que, dado que los presupuestos para protección social en el ámbito autonómico se encuentran en las consejerías de asuntos sociales, debe ser ahora Trinidad Jiménez, la que lidere este debate. En cualquier caso, ha descartado una ampliación de la prestación por desempleo por cuestiones presupuestarias y ha reiterado que ya se han destinado más de 10.000 millones de euros adicionales este año para hacer frente a estas prestaciones.

Desde los agentes sociales, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha sumado hoy a las voces que piden una ampliación de la protección por desempleo. Tras su primera reunión con la recién nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y tras sus críticas al anterior ministro, Pedro Solbes, el líder sindical ha confirmado que también le ha solicitado un impulso del sector de la construcción, aunque dirigido a la obra pública y a la vivienda protegida.

Méndez, tras calificar la reunión de "fructífera, positiva y profunda", ha destacado la "receptividad" de la vicepresidenta y una "alta coincidencia" sobre los objetivos ante la crisis a corto y medio plazo. Sobre todo, ha valorado la "coincidencia clara" con el Gobierno en que la ampliación de la protección por desempleo debe ser "una de las prioridades", y ha reclamado, al igual que lo ha hecho el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, la corresponsabilidad de las comunidades autónomas en este sentido para que ayuden a sufragar a los parados que ya no cobran prestación.

En este sentido, el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha desvelado hoy que la presidenta Esperanza Aguirre le ha transmitido -a él y a su homólogo de CC OO, Javier López- su "conformdad" con la propuesta de crear una "renta anticrisis" para los parados que ya no cobrar ninguna prestación. La renta activa madrileña o "renta anticrisis" que proponen los sindictos, y que apoya el Partido Socialista de Madrid (PSM), supone pagar 421 euros durante seis meses a unos 130.000 desempleados que ya no cobran prestación por desempleo ni subsidio.